Autor: Grupo ecologistas del Mediterráneo
Desde que se fraguo el Milagro Almeriense de la agricultura de los invernaderos, tradicionalmente ha existido una cierta tendencia hacia el “aquí todo vale”, con objeto de alcanzar el fin económico que sacó a Almería del olvido a que había sido sometida con el paso del tiempo. Motor de beneficios que, nunca hay que olvidarlo, ha situado a la provincia en un privilegiado lugar entre las zonas con mayor renta per cápita de España y Europa. Tanto es así, que existe un proteccionismo a ultranza por parte de todos los sectores asociados con objeto de intentar blindar, en la medida de las posibilidades, cualquier aspecto relativo a mejora de la producción, condición y manipulación de las hortalizas generadas, así como de las ganancias concernientes. En este sentido, el minimizar costes y maximizar el volumen y calidad del género es una de las prioridades del sector, de modo que cualquier perjuicio ocasionado a los productos hortofrutícolas ha de ser sistemáticamente eliminado como amenaza para el régimen de producción. Al margen de los conflictos sociales generados con esta política, si antes de la implantación de los cultivos bajo plástico la agricultura tradicional estaba más integrada medioambientalmente, progresivamente se ha ido pasando a un sistema de cultivo intensivo en el Poniente y Levante Almeriense, literalmente industrial y mucho más agresivo con el entorno, donde es necesario suprimir cualquier factor de riesgo, pues los kilogramos son los que mandan y ordenan. En este marco se encuentra la lucha contra las plagas, tanto que el control de pérdidas provocadas por especies invasoras ha sido todo un frente abierto de combate desde el inicio de la implantación de esta agricultura en la costa almeriense.
Las aves integrantes del hábitat donde se enmarcan los invernaderos siempre han estado omnipresentes en su espacio, utilizándolo como medio de vida. Dado que varias de las especies presentes pueden alimentarse de los frutos del invernadero, especialmente el gorrión común (Passer domesticus) pero también, por ejemplo, el verderón común (Chloris chloris) y el mirlo común (Turdus merula), a lo largo del tiempo ha existido todo un interés para intentar minimizar los daños producidos por estos pájaros, aplicando medidas de control. Entre dichas acciones para reducir las poblaciones de estas especies “dañinas” se han encontrado, entre otras, la instalación de cañones espantapájaros, reclamos disuasorios con altavoces y mallas instaladas en las bandas para impedir la entrada de aves al interior. Sin embargo, dado que tales métodos a veces no imposibilitan al 100% el paso de estos pájaros, desde hace algunos años se ha impuesto de forma generalizada un procedimiento, mucho más cruel y exhaustivo, de exterminio del problema. Dicho hábito no es otro que el de la instalación sistemática de redes de niebla o japonesas en el interior o alrededor del invernadero. Trampas invisibles que atrapan las aves que vuelan entre las plantas de hortalizas, hasta hacerlas morir al poco tiempo por hipotermia, inanición, deshidratación u otros shocks o traumatismos.
Tantas han sido las transformaciones del medio y las persecuciones, y tan grave es el problema del declive de las especies de aves antaño comunes en nuestras ciudades, pueblos y campos, que la prestigiosa Sociedad Española de Ornitología (SEO), como integrante de la ONG de carácter mundial BirdLife, ha declarado Ave del Año para 2016 al gorrión común, dado el preocupante desplome por el que están atravesando sus poblaciones, lo cual ya se percibe de forma muy manifiesta en España. Y, por supuesto, estas prácticas ilícitas en nuestros invernaderos contribuyen sobremanera a tal patética tendencia.
Está siendo tan extensiva la costumbre entre muchos agricultores desaprensivos, que existe toda una red para la comercialización de estos utensilios entre el colectivo de usuarios, de modo que desde determinados puntos de distribución, muchos son los comercios donde pueden venderse las redes, incluso anunciándose por internet. Así que cualquier agricultor que lo desee tendrá posibilidad y disponibilidad de material para ello en la zona. Sin embargo, estos métodos de captura no selectiva son totalmente ilegales según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres (BOE, 288, de 2 de diciembre de 2003), y la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE, 227, de 22 de septiembre de 2015) pues, además, pueden dar muerte a especies de aves protegidas legalmente por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats (BOJA, 60, de 27 de marzo de 2012); el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE, 46, de 23 de febrero de 2011); y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (BOE, 288, de 2 de diciembre de 2003). En adición y por paradójico que pueda parecer, muchas de las especies matadas mediante tales métodos ilícitos de captura son insectívoras, minimizando y ayudando a controlar muchas de las plagas de insectos que, precisamente, los mismos agricultores quieren combatir por producir daños en sus cultivos de forma muy significativa. De tal manera que, con la eliminación de esas aves no diana, el agricultor inconscientemente está haciendo un daño sin parangón a su propia economía.
Dada la situación, tanto la Unidad de Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía como el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil están realizando una intensiva persecución de esta nueva y grave amenaza para las aves que está esquilmando a miles y miles de ejemplares en los campos de la provincia. En este ámbito, tales unidades, por citar ejemplos, han puesto a disposición judicial al propietario de un establecimiento dedicado a la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, y han multado a algunos agricultores por el uso de redes en sus invernaderos, como presuntos autores de varios delitos contra la fauna por la captura ilícita de aves con redes japonesas en varios términos municipales de Almería (Ante el juez por cazar aves protegidas con redes invisibles para su comercialización, Multan a un agricultor de Berja por cazar pájaros con una red ilegal).
En cualquiera de los casos, esperemos que en breve, dada la preocupación que existe y la alarma social despertada, se ponga toda la carne en el asador por parte de las distintas Administraciones para que el uso ahora generalizado de esta práctica prohibida se dé por extinguida a corto plazo dentro y fuera de nuestra provincia. Lo cual podrá contribuir a que, en definitiva, podamos seguir gozando del placer de tener en nuestros campos y alrededores las aves que siempre han sido un componente fundamental de ellos y que tanto nos han servido.
En un momento en que el sector esta preocupado y con razón con la imagen que se da de nuestra agricultura, intentando conseguir productos de calidad sin residuos que reflejen el buen hacer de los agricultores, las imágenes que reflejan estas prácticas nefastas pueden suponer un grave problema para la comercialización de nuestros productos en Europa, nuestro principal mercado, cada vez más exigentes con practicas agrícolas respetuosas con la naturaleza.
