Almería, ejemplo de gestión municipal

Almería, ejemplo de gestión municipal

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Con varios reparos del interventor Municipal entre los que se incluye “que el informe jurídico es tan inconsecuente que ni siquiera dice quién es el órgano o autoridad competente para aprobar el expediente” se aprueba la contratación de un auxiliar técnico cuyo requisito principal es “estar en posesión de, como mínimo, del título de Bachillerato”, y se dedicará a hacer algo que ya hacia un funcionario del Ayuntamiento y nos costará 25.000 €/año. UPyD no entiende la creación de un puesto más en el Ayuntamiento de Almeria, para realizar labores burocráticas y de ayuda al concejal de Cultura; aprobado el mes pasado con la categoría de Auxiliar Técnico y cuyas labores van a ser “producción “de tareas relacionadas con el desarrollo y ejecución de la programación cultural y museística de la ciudad de Almería, las Programaciones Trimestrales de Temporada (Invierno, Primavera, Verano y Otoño) y los Programas Educativos Municipales, así como la celebración del Festival Internacional de Tango de Almería, Circuito de Divulgación de Cante Flamenco, Ciclo de Música Sacra, Feria del Libro de Almería, Festival Alamar y el Festival Internacional de Jazz.

Todas estas funciones ya se venían desarrollando desde el Área de Cultura y que si van mal, lo que precisan es de un responsable eficaz para hacer que funcionen, no de un administrativo para las mire como las hace otro.

El puesto, para el que se requiere la titulación de “como mínimo, el título de Bachillerato”, tendrá una retribución de 3.837 €/mes y el contrato será por dos años y tres meses (50.310 € de inversión) y la documentación de contratación no establece criterios de gestión, eficacia u objetivos; los mismos que pretendía conseguir nuestro Ayuntamiento antes de las elecciones municipales.

Desde UPyD denunciamos el despilfarro que supone la duplicidad de funciones, ya sea entre los distintos organismos pùblicos (Gobierno, Autonomía, Diputación y Ayuntamientos, y que estaba cifrado en unos 32.000 millones), como en la duplicidad que supone contratar para que alguien haga algo que ya se hacía en el Ayuntamiento, seguramente sin otra justificación que la necesidad de pagar favores políticos.

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