El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido su veredicto en torno a las viviendas construidas por la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández S. L. en la Unidad de Ejecución UE-6. La sentencia en firme otorga la licencia de primera ocupación para las viviendas. Este veredicto se produce ocho años más tarde después de que el Ayuntamiento de Garrucha, en un convenio urbanístico firmado en el año 2006 por el entonces alcalde socialista Andrés Segura, obligara a pagar 2 millones de euros para obtener la licencia de primera ocupación para 28 viviendas que ya tenían licencia previa de obras.
El origen del problema radica en que en el año 2001 el entonces alcalde del Ayuntamiento de Garrucha, Andrés Segura, firma con la compañía Costa Cálida un convenio urbanístico para construir 134 viviendas en la Unidad de Ejecución UE-6, y a cambio se cede al municipio una parte de los terrenos para realizar un parque público. La promotora Hermanos Muñoz compra el proyecto a Costa Cálida por 6 millones de euros e invierte otros 18 millones en la construcción. En 2003 recibe la licencia de obras. Sin embargo, a partir de ahí el Ayuntamiento intenta rebajar la ficha urbanística, por un supuesto error interno municipal, lo que significa una reducción del primitivo proyecto a 106 viviendas, dado que una parte de la superficie está, presuntamente, fuera de la UE-6.
Las continuas denuncias de la constructora le dan la razón y así en 2006 la Junta de Andalucía deniega la petición del Ayuntamiento de rebajar la ficha urbanística de la UE-6, el Consejo Consultivo de Andalucía no le autoriza a revisar la licencia de obras como pretendía, a la vez que el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería le concede la licencia de primera ocupación para las viviendas que fueron objeto del convenio urbanístico sin necesidad de pagar cantidad alguna al Ayuntamiento.
El gerente de la compañía, Mateo Muñoz, ha mostrado su satisfacción por el curso que va tomando la querella interpuesta en 2009, y que fue tramitada el 11 de febrero de 2013, con la apertura de juicio oral y la exigencia del pago de un aval de 2,4 millones de euros para los acusados, el exalcalde Andrés Segura y otras cinco personas entre las que se encuentran su concejal de urbanismo y varios técnicos municipales.
Pero también muestra su indignación ya que “han cometido un daño moral irreparable y un gran perjuicio económico que ha llevado a la ruina de la promotora. Los precios de las viviendas en aquel momento, no eran los que existen en nuestros días, ya existían decenas de propietarios pendientes de otorgar la escritura pública de compraventa en el verano de 2006. El Ayuntamiento no podía pedirnos dinero con amenazas y extorsiones, cuando la Ley lo impide y cuando fueron ellos mismos los causantes de este problema, tal y como ha dejado en evidencia la sentencia”.
El gerente de la promotora asegura que “el entonces alcalde rechazó regularizar la situación por él creada mediante los mecanismos que las leyes urbanísticas permiten y que el propio Ayuntamiento había utilizado en meses anteriores con otros promotores. Se nos dijo que el pago de los 2 millones de euros era una cuestión puramente política porque la prensa le estaba castigando mucho sobre esta situación”.
