El desempleo en Andalucía entre los jóvenes menores de 30 años alcanza el 46%, en torno a 350.000 personas. El Observatorio de Emancipación del COnsejo de la Juventud de España, correspondiente al primer trimestre de 2015 ha elaborado un informeque analiza las condiciones sociolaborales de la población joven en el ámbito estatal y por comunidades autónomas, centrándose en la calidad del empleo y el acceso a la vivienda.
De los jóvenes desempleados 1 de cada 2 lleva más de un año en paro, convirtiéndose en desempleada de larga duración. Tan solo 3 de cada 10 personas jóvenes en Andalucía tienen un trabajo. En un gran número de casos, en situación de precariedad.
Las contrataciones eventuales y a jornada parcial aumentan, en un 16% y 17% respectivamente, afectando más a mujeres que a hombres. De cada 4 personas jóvenes, una está subocupada, es decir, sus horas de trabajo son inferiores a las que quiere y puede asumir. Además, la sobrecualificación crece, afectando ya a la mitad de jóvenes con un contrato de trabajo, cuyos estudios finalizados son superiores a la formación requerida para desempeñar dicha actividad. Todo ello impide que su capacidad adquisitiva sea suficiente para mantener un hogar fuera de la residencia familiar y que tan solo 2 de cada 10 jóvenes puedan emanciparse. “Pero no solo eso, el factor psicológico, de desánimo y frustración, hace que muchas personas se resignen ante un reto cada vez más complicado y deje de buscar empleo, quedando fuera del sistema”, explica la Presidenta del Consejo de la Juventud de Andalucía, Lorena Rodríguez. “Aunque cueste creerlo y pensemos que todo va bien, el riesgo de pobreza sigue aumentando. Probablemente no haya desnutrición en Andalucía pero sí malnutrición, sí muchos niños y niñas con un desarrollo hipotecado a nuestros errores o a nuestra falta de saber hacer”, añade Rodríguez.
El índice de pobreza que utiliza el Observatorio de Emancipación se establece según la definición aprobada por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010 en el marco de la Estrategia Europa 2020. En la que se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a continuación. Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo), y/o personas que sufren privación material severa (4 de los 9 items definidos) y/o personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy bajo (por debajo del 20%). “Cuando las organizaciones sociales hablamos de pobreza, lo hacemos con los propios acuerdos llevados a cabo por los distintos Gobiernos en Europa, a pesar de ello, no parece tener incidencia y en España seguimos restando importancia y mirando hacia otro lado”, concluye Lorena Rodríguez.
