Hoy se celebrará el juicio por la convocatoria presuntamente fraudulena realizada por la Universidad de Almería (UAL), para cubrir la Cátedra de Árabe. Jorge Lirola, profesor denunciante y actualmente apartado de sus funciones por hacer pública esta denuncia, mantiene que no se siguió el procedimiento legal recogido en los Estatudos de la UAL a la hora de nombrar el tribunal que tenía que resolver la titularidad de la cátedra.
El acto recurrido es «la resulución del Sr. Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, de 17/01/11, relativo a la convocatoria de la plaza del cuerpo de catedráticos de Universidad, área de estudios árabes e Islámicos», explica Jorge Lirola.
Este docente sostiene, y así lo ha denunciado, que hubo un caso de tráfico de influencias, al permitir que una de las candidatas que se presentaba a ocupar la cátedra designó el tribunal que tenía que juzgarla.
Durante el juicio, que oficiará el magistrado Antonio Luis García Valverde, habrán de testificar Juan Luis López Cruces, entonces director del Departamento afectado, Bárbara Herrero y Javier Águirre, ambos profesores del mismo Departamento, y los catedráticos de Estudios Árabes Emilio Molina, Alfonso Carmona, María Jesús Viguera, Josep Puig y Francisco Franco.
Según ha informado el propio Jorge Lirola, en la UAL hay precedente de anulación de cátedras. En 1998 se anularon las cátedras de Filosofía y Filología Inglesa, que habían ganado por concurso público, Agapito Maestre y Miguel Martínez, respectivamente, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En aquel caso, fue simplemente por no haberse emitido los informes del Departamento, que eran preceptivos en el procedimiento, si bien no vinculantes.
La ejecución de la sentencia supuso que los profesores afectados perdieron su cátedra y se fueron directamente al paro, al haber tenido que renunciar previamente al obtener las cátedras a las plazas que desempeñaban en otra unversidad. En ese caso, de ir en el mismo sentido la sentencia, no supondrá la pérdida de la condición de profesora de la UAL de la persona afectada, sino que simplemente perdería su condición de catedrática y la cátedra en cuestión habría de ser convocada nuevamente con las garantías legales que establecen las leyes, ha explicado Jorge Lirola.
