El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha advertido que de las urnas de los próximos comicios locales, que tendrán lugar en 2016, saldrán unos «ayuntamientos débiles, sin poder y dependientes y no Corporaciones locales fuertes en pie de igualdad con el resto de las Administraciones” como demanda la sociedad.
Valderas se ha pronunciado así en el acto de clausura en Almería de las Jornadas ‘La modernización del régimen local en España’, donde ha reflexionado sobre las medidas de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. Ha felicitado a los organizadores del encuentro por plantear un debate “oportuno y adecuado”, que está “a flor de piel”.
Ha asegurado que los fundamentos del Derecho y el sentido común son esenciales para clarificar la nueva realidad del mundo local. Por ello, ha agradecido a los participantes en el encuentro sus aportaciones que, a su juicio, son necesarias para seguir construyendo la posición del Gobierno andaluz en defensa de la autonomía local, sus leyes de autogobierno y un orden normativo adecuado a los intereses de su comunidad política.
En primer lugar, ha denunciado que la ley crea “inseguridad” y un marco de incertidumbre “enorme”, además de ser insolvente ya que no soluciona ni los porblemas de autonomía ni de financiación de los municipios.
En este contexto, ha recordado que la interposición del recurso de constitucionalidad ha sido “la única opción” tras pedir “en todos los formatos posibles” al Ministerio de Hacienda que “reflexionara, reorientara, reconsiderara y finalmente que paralizara la entrada en vigor de la Ley”. Ha lamentado la negativa y ha criticado que «todas las puertas a las que hemos acudido y que están bajo el control del Gobierno de la Nación han estado cerradas para Andalucía, el diálogo político y el consenso territorial».
Ha dejado claro que con el recurso Andalucía no pretende «ser más que nadie» pero tampoco menos como sugiere la ley al eximir de su aplicación a determinados territorios del Estado español, en concreto Euskadi.
Valderas ha lamentado igualmente la «falta de diálogo» y que no se haya tenido en cuenta a los ayuntamientos, muchos de los cuales han manifestado su «frontal oposición» a una ley que recorta derechos cuando más los necesitan los ciudadanos. En este sentido, ha indicado que es precisamente en momentos de crisis como la actual, cuando la ciudadanía demanda ayuda a su administración más próxima como son los ayuntamientos.
En este orden de cosas, ha defendido una vez más el «importante papel» que juegan las Corporaciones locales en la prestación de servicios básicos y atención de las personas más necesitadas, que son las primeras que van a notar las limitaciones derivadas de la aplicación de la ley.
«El impacto de la reforma local es ya una realidad en la vida cotidiana de los más de ocho millones de andaluces» así como en los 772 municipios, en especial los menores de 5.000 habitantes, las 48 entidades locales (ELA) y las 78 mancomunidades existentes en Andalucía. Asimismo ha denunciado el riesgo que corren 200.000 empleos en toda España de los que 40.000 son andaluces.
Leyes autonómicas
Ha defendido las leyes de Autonomía Local (LAULA) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), que refuerzan las competencias y la financiación local y se ha preguntado por qué se interfiere en este sistema de financiación incondicionada para los municipios cuando cuenta con el respaldo de todos los grupos del Parlamento andaluz.
En su exposición Valderas ha criticado también que «la reforma huele al modelo de democracia restringida y censitaria del siglo XIX» y que supone una «vuelta al periodo preconstitucional y a unas corporaciones locales de alcaldes meramente representativos».
También ha denunciado la «argucia» del Gobierno central al «hablar de clarificación de competencias» cuando en realidad pretende reducir a la mínima expresión de la administración local. Ha rechazado el argumento del ahorro de 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015 puesto que no hay «ningún dato que lo avale»; por el contrario, sí está garantizado que van a verse mermadas competencias, recursos económicos, servicios básicos y empleo público.
Valderas ha asegurado que la ley tendrá un impacto económico “muy fuerte” estimándose un primer coste de 600 millones resultado de las competencias que deberán asumir las consejerías competentes en materia de igualdad y bienestar social, fomento y vivienda y educación.
