Una autonomía necesaria, que reclaman muchos de ustedes y que necesitaría una reestructuración.
Creo que no es necesaria una reestructuración tan profunda para obtener esa autonomía económica y organizativa. Lo que es necesario es aceptar que el Poder Judicial es, constitucionalmente, un poder en pie de igualdad con los otros poderes del Estado. Con demasiada frecuencia se hace referencia a Montesquieu…
Lo hemos oído aquí en la sala durante estos días.
Pero creo que la cuestión no es esa, porque Montesquieu nunca consideró al Poder Judicial como un poder en pie de igualdad, sino un poder subordinado: un juez era la voz que pronuncia las palabras de la Ley, que la aplica sin posibilidad de crear Derecho, es decir, una pura aplicación mecánica. Cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial en los términos en los que la describe la Constitución, estamos hablando de algo más. Es verdad que en España, los jueces son independientes, individualmente considerados. Lo que no estoy tan seguro es que el Poder Judicial sea un poder en igualdad con el resto de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso, sin embargo, la Constitución lo exige.
¿Qué se necesita entonces?
Tiene que estar a cubierto de posibles influencias, directas o indirectas, mediáticas o no, a título individual, sino también de la posible influencia de los otros poderes del Estado.
¿Se refiere al Poder Ejecutivo?
Exactamente, porque el Legislativo está en otro terreno. Creo, sin embargo, que esa cobertura no se da porque el Poder Judicial depende del Ejecutivo en cuanto a sus medios personales y materiales y olvidamos algo muy importante: el Poder Ejecutivo tiene que ser controlado por el Judicial en la legislación contenciosa. Debe controlarse la legalidad de la actuación de la Administración del Estado y, por tanto, del Poder Ejecutivo. Nos olvidamos que el Ejecutivo, en el campo de la jurisdicción contenciosa, es una parte del litigio y que, sin embargo, controla determinados medios del área judicial. Y eso, que sería pensable e inaceptable de cualquier ciudadano, que fuera parte de un litigio, sin embargo lo estamos aceptando del Poder Ejecutivo.
¿Cómo se puede conseguir esa independencia económica y cómo se puede frenar esa injerencia del poder ejecutivo?
Creo que la injerencia se frena consiguiendo esa independencia económica y un Poder Judicial realmente autónomo. No estoy defendiendo lo que se conoce por autonomía presupuestaria en los términos en los que se reconoce al Tribunal Constitucional y a otros órganos constitucionales. Entiendo las posiciones que dicen que eso puede afectar al equilibrio presupuestario del Estado, pero si eso es así, tendría que aplicarse con carácter general, también a esas instituciones del Estado a las que se reconoce autonomía presupuestaria. Resulta muy curioso que este elemento esencial de la independencia, que es la independencia económica, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo lo tengan claro y lo pongan en práctica, otorgando esa autonomía presupuestaria al Tribunal Constitucional o al Consejo General del Poder Judicial. Pero se olvida que el CGPJ no es el poder judicial, sino un órgano político-administrativo. En cambio, al Poder Judicial no le da esa independencia económica, lo que genera una contradicción importante.
