Alrededor de medio centenar de empresarios almerienses han conocido hoy los ilícitos que podrían sentar en el banquillo a sus compañías. Y lo han hecho en la jornada sobre la responsabilidad penal de la empresa familiar, organizada por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Almería, que está formada también por el Instituto de Empresa Familiar (IEF), la Asociación Andaluza de Empresa Familiar (AAEF), ASEMPAL y el Banco Santander.
Los cambios sobre la responsabilidad penal de las empresas familiares han sido introducidos por la Ley Orgánica 5/2010 del Código Penal. Según ha explicado uno de los ponentes, Alain Casanovas, abogado y socio de KPMG, la novedad es que ahora existen una serie de delitos a los que responden no solamente la persona jurídica, sino también la persona física, es decir, la empresa. “Antes, cuando se cometía un ilícito, se sentaba en el banquillo solamente a la persona física que lo había cometido, ahora se sentará la persona física y la jurídica, imponiéndose penas a los dos”.
Ante esta nueva situación, el abogado ha indicado que lo único que puede hacer la empresa para mitigar su responsabilidad es establecer algún mecanismo de control y de vigilancia interno, supervisado por una o varias personas de la compañía. Si bien, para ello, se deben de conocer antes qué tipos de delitos pueden impactar en las empresas. Y es que, según ha aclarado, “existen un total de 23 ilícitos, de los cuales los más relevantes son los que tienen que ver con la corrupción de particulares, sobre todo los relacionados con el cohecho, es decir, con el ofrecimiento de dádivas a funcionarios públicos para que hagan algún tipo de favor”.
Otras de las figuras delictivas que podrían afectar a las empresas familiares son: tener personal en condiciones infrahumanas, que podría darse en las empresas agrícolas; delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, que salen a la luz por la trazabilidad de los medios de pago; delitos en la protección de datos, si no se tienen las medidas de seguridad adecuadas; daños informáticos, muy típicos en las empresas de tecnología; estafas, un ilícito que abarca muchas actividades y puede causar también una pérdida de reputación de la empresa; y delitos en el tráfico ilegal de órganos, que podría causarse en las empresas del sector salud y del transporte de alimentos.
En la jornada también ha participado Rafael Urquiza Mínguez, abogado en el Área Procesal y Concursal de KPMG, quien ha destacado la importancia de que las empresas cuenten con un mecanismo de vigilancia, puesto que es la única manera de que, en caso de delito, cuenten con una forma de defensa ante un juez.
En el acto también ha intervenido, Alfonso Rojo, director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar, quien ha resaltado la importancia de esta jornada en Almería, puesto que el 84% de las empresas de la provincia son familiares y podrían desconocer las novedades introducidas en la Ley Orgánica 5/2010 del Código Penal.
Además, han participado Mario Carranza García-Mier, director general de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, José Antonio Cristóbal Álvaro, director Santander-Universidad para Andalucía, y Ernesto Castilla Morales, secretario general de Asempal.
Una vez concluida la conferencia, se ha desarrollado una mesa redonda, moderada por Rosario Cañabate, profesora de Derecho en la UAL.
Sobre la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la UAL
La Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Almería (CEF-UAL) se creó mediante un convenio entre la UAL, el Instituto de Empresa Familiar (IEF), la Asociación Andaluza de Empresa Familiar (AAEF), ASEMPAL y el Banco de Santander el 26 de enero de 2009. El nombramiento de su director se realizó en la misma fecha, y supone el inicio formal de sus actividades.
Entre los objetivos principales de CEF-UAL están la docencia sobre la empresa familiar y el análisis y la investigación de la realidad y la problemática de la empresa familiar desde todos aquellos puntos de vista que se estimen relevantes.
