La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva medidad que reduce uno de cada tres trámites autonómicos para la creación de empresas, con lo que espera incentivar el nacimiento de nuevas entidades.
En concreto, el Gobierno andaluza ha aprobado un Decreto Ley con el que consigue simplificar 64 trámites administrativos derivados de la normativa autonómica y que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica.
El texto, que se tramitará como proyecto de Ley con objeto de incorporar las aportaciones de los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.
De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de ‘declaración responsable’, que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde el año 2011, lo que hace un total de 149.
En mayor o menor medida, la norma aprobada considera que estas autorizaciones no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos. De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.
Los 64 procedimientos simplificados forman parte del catálogo de los 220 derivados de la normativa autonómica que el Gobierno andaluz ha analizado exhaustivamente desde principios de este año para estudiar sus posibilidades de agilización. De ellos, se identificaron 26 afectados también por la legislación estatal, sobre los que no se puede actuar. De los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general, orden público, seguridad y salud pública, medio ambiente o protección del patrimonio histórico.
Para la agilización de los 64 trámites finalmente seleccionados, el Decreto Ley dispone la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes. Las leyes afectadas son la 2/1986, de Juego y Apuestas; 2/2007, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética; 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; 1/2009, reguladora de la Mediación Familiar; 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; 14/2011, de Sociedades Cooperativas, y 16/2011, de Salud Pública, así como el Decreto Legislativo 1/2012 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior.
Tanto el trabajo de identificación de procedimientos como el desarrollo del proceso de simplificación ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales, entre ellos la Confederación de Empresarios de Andalucía; los sindicatos UGT-A y CCOO-A; las Cámaras de Comercio, y asociaciones y federaciones representativas de la economía social y del colectivo de autónomos.
