La Universidad de Almería acoge unas jornadas sobre la reforma del régimen local, en las que se analizan las novedades de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que, para representantes del Partido Popular servirá como solución para el «despilfarro» de los ayuntamientos, según afirmaron.
Las jornadas técnicas, dirigidas por Fernando Fernández Marín, decano de la Facultad de Derecho e Íñigo del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo de la UAL, han contado con la presencia del rector de la UAL, Pedro Molina, el presidente de la Diputación provincial, Gabriel Amat, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Rosana Navarro y el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca.
Navarro explicaba que reformar el régimen local ha sido “profundamente complejo” y ha achacado a la complicación de su aplicación la demora de una ley “necesaria”. “Ahora era el momento. Cuando se decide que ahora o nunca fue en 2012. La crisis acuciaba a España y desde la Unión Europea no se entendía que tuviéramos más de 8.000 ayuntamientos, más de 60.000 concejales, decenas de diputaciones, 3.800 entidades locales menores, más de 1.000 mancomunidades, etcétera. Se veía como un síntoma de despilfarro, de administración elefantiásica”, señalaba la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.
La representante ministerial recordaba que para corregir la “complicada” de los ayuntamientos, el Gobierno puso en marcha un plan de pago a proveedores que, a su juicio, ha tenido “magníficos resultados”. Señalaba algunos datos: entre 2012 y 2013, el Gobierno invirtió 11.200 millones de euros en pagar 2 millones de facturas de proveedores locales de 120.000 pymes y autónomos “que no podían soportar más tiempo sin cobrar”. A lo largo de este tiempo, y de acuerdo también a esos dos planes de pago a proveedores, en Almería se habrían pagado 42.725 facturas con un importante de 2.780.000 euros. El 84% de esas facturas correspondería a pymes y autónomos.
“El cambio ha sido vital, porque si desde la UE no se veía bien este lío de 8.000 ayuntamientos, que era una especie de descoordinación, locura y despilfarro, ahora hemos pasado a que el sector local sea nuestra principal fortaleza en cuanto al sector público. Los objetivos que perseguimos con esta ley son potenciar, por una parte, su carácter municipalista y, por otra, fortalecer la autonomía de los ayuntamientos, que tiene mucho recorrido”, resumía Rosana Navarro. “osotros no queremos recortar por recortar, no adelgazar por adelgazar, sino generar músculo”, decía.
El encuentro, que continúa hoy en el Auditorio de la UAL, cuenta con la presencia de catedráticos de Derecho Administrativo, Financiero y Tributario y profesores de estas mismas materias de distintas universidades y también con representantes políticos. Analizará asuntos como las principales novedades de la reforma en materia organizativa, los servicios públicos locales, el papel de las Diputaciones provinciales, el redimensionamiento del sector público local, los aspectos financieros de la nueva Ley o la sostenibilidad y administración local.
