La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha comenzado a notificar a 9.977 docentes e investigadores universitarios de Andalucía la resolución de los complementos autonómicos que les corresponde percibir en reconocimiento de sus méritos profesionales adquiridos. De la Universidad de Almería, percibirán estos complementos 530 investigadores y docentes.
Desde 2008 no se había abierto convocatoria para solicitar estas retribuciones, debido a las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis, lo que había generado que se acumularan 10.557 solicitudes presentadas en toda Andalucía que la Consejería de Economía ha conseguido gestionar en tiempo récord. De éstas solicitudes, se han admitido 9.977 y 580 han sido denegadas por no cumplir con los requisitos exigidos. De la Universidad de Almería, se han analizado 539 y 530 han obtenido resolución favorable, mientras que 9 han resultado desfavorables.
La Universidad de Sevilla es la que ha registrado un mayor número de peticiones, con 2.600, de las cuales 2.475 han sido admitidas y 125 desestimadas; seguida de la de Granada, con 2.569 solicitudes recibidas, de las que 2.335 han sido admitidas y 234 descartadas. Por su parte, la Universidad de Málaga presentó 1.379 propuestas, de las 1.322 son favorables y 57, desfavorables; y la de Cádiz ha registrado 998 solicitudes, con 921 estimadas y 77 descartadas. En la Universidad de Jaén se han tramitado 722 peticiones, de ellas 703 fueron positivas y 19, desfavorables; en la de Córdoba se han evaluado 690 solicitudes (642 admitidas y 48 inadmitidas); en la Universidad de Huelva se han recibido 535 solicitudes (530 positivas y 5 descartadas); y en la Pablo de Olavide se han resuelto 519 peticiones y se han inadmitido 6 de un total de 525 presentadas.
El abono de estos complementos con los que se reconocen los méritos profesionales adquiridos, una vez resueltas las solicitudes, le corresponde a las universidades. De hecho, la Consejería de Economía ya consignó en el presupuesto de 2019 el importe para ello.
Estas retribuciones, distribuidas en un máximo de cinco complementos o tramos, las reciben los miembros del personal docente e investigador, sean funcionarios o laborales, con al menos dos años de antigüedad y con contrato a tiempo completo.
Entre otros requisitos, se exige no haber participado en las convocatorias anteriores y, en caso contrario, contar con méritos acumulados con posterioridad que puedan ser evaluados. Respecto a la plantilla investigadora, la persona interesada deberá contar con un contrato a tiempo completo por un periodo continuado superior a cuatro años, siempre que haya completado sus dos primeros.
La Agencia Andaluza del Conocimiento, a través de su Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA-AAC), ha sido el órgano responsable de realizar la valoración, para la que se ha tomado como referencia los criterios establecidos en 2003 y se ha utilizado como fuente de datos el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).
Los méritos docentes se han evaluado en periodos de cinco años, considerando aspectos como la preparación de material (libros, material específico, tutorías), la actividad (coordinación de asignaturas, dirección de programas de prácticas, dirección de proyectos fin de carrera), la implicación en programas de doctorado y otros criterios como la docencia internacional o la formación recibida.
Por su parte, el análisis de los méritos investigadores se ha realizado en periodos de seis años y atiende a cuestiones como los sexenios obtenidos en este ámbito, la dirección de proyectos de I+D, las patentes logradas, las tesis doctorales dirigidas, las publicaciones realizadas o la participación en proyectos de desarrollo de interés para Andalucía.
Finalmente, la evaluación de los méritos de gestión se ha llevado a cabo en periodos de cuatro años y ha tenido en cuenta el desempeño de cargos académicos como rectoría, vicerrectoría, decanato o dirección de departamentos, contratos de I+D, revistas científicas, centros o institutos de investigación.
Los complementos adicionales ahora recuperados, cuya concesión atribuye a las comunidades autónomas la Ley Orgánica de Universidades, se hicieron efectivos en Andalucía entre 2004 y 2008 a través de sucesivas convocatorias consensuadas con los sindicatos.
