El delegado del Gobierno andaluz, Miguel Corpas, ha destacado la apuesta de la Junta por la mediación y por el fomento de programas específicos de intervención con menores infractores durante la inauguración de un curso de verano de la Universidad de Almería dedicado a la justicia juvenil. Las políticas públicas de la Junta para la reeducación y la recuperación de jóvenes menores de 18 años que han delinquido logran que el 80% de ellos pueda reinsertarse en la sociedad.
En 2009, la Administración Autonómica atendió en Almería a 1.377 menores infractores, de los que 1.103 han retomado su vida familiar, educativa o laboral con mayores garantías y nuevas expectativas. Con el objetivo de reinsertar a los jóvenes infractores y evitar la reincidencia, la Junta ha puesto en marcha, en muchas ocasiones con carácter pionero, múltiples recursos, programas y actuaciones para la ejecución de las medidas judiciales sobre menores. En la provincia, existen tres centros de internamiento – en Almería, Oria y Purchena – con un total de 236 plazas, unas instalaciones por las que pasaron el año anterior 527 menores.
A estos recursos, se suman los destinados a la atención de menores infractores que tienen impuestas medidas no privativas de libertad o de régimen abierto como son un centro de día, un equipo de medio abierto, dos grupos de convivencia educativa, un equipo específico de mediación, uno para el tratamiento ambulatorio en dependencias y otro de tratamiento ambulatorio de salud mental. El año pasado, 850 menores con medidas de medio abierto fueron atendidos a través de estos recursos de la Junta.
El delegado del Gobierno ha destacado la importancia de la formación y la inserción laboral en el proceso de rehabilitación personal. Un 25% de los menores infractores en edad laboral, atendidos en los servicios de la Junta, acceden al mercado de trabajo y la totalidad de los menores con más de 16 años reciben formación sobre técnicas de búsqueda activa de empleo y participan en talleres formativo-laborales. En este ámbito resulta fundamental la colaboración solidaria de muchas empresas de la provincia y la labor de las casas de oficio y las escuelas taller municipales como fuentes de empleo y formación.
Este sistema de intervención, que ha convertido a Almería en referencia de la inserción de menores infractores, se inscribe en la línea de mejora y modernización del sistema judicial emprendido por la Junta de Andalucía desde que recibió en 1997 las competencias para gestionar los recursos administrativos a disposición de la Justicia. Miguel Corpas ha señalado que el objetivo es “configurar sistema judicial más abierto, más agil y eficaz, que responda al concepto de Justicia como un servicio público de primer orden, que debe ser prestado a los ciudadanos con la máxima calidad”.
