El Grupo Ecologista Cóndor ha criticado las agresiones a los espacios naturales de Almería que representa el plan de la Junta de Andalucía de reabrir minas y canteras en espacios naturales de Almería, con la intención de crear nuevos puestos de trabajo. La Junta niega que haya ningún plan para reabrir minas y canteras en estos espacios.
La decisión de la Junta de Andalucía, significa que se proyecta por el Gobierno aplicar las técnicas mineras invasivas en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas, en los LIC de Sierra de Gádor y Enix, Sierra Alhamilla, Desierto de Tabernas, los arrecifes de Posidonia de Roquetas, la Serreta de Cabo de Gata, la Sierra del Oso, Sierra María – Los Vélez, la Sierra de Almagro, Sierra Almagrera, Los Pinos y El Aguilón, Sierra Cabrera – Bédar.
«El disparate que proyecta hacer la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA nº 245, de 17 de Diciembre pasado, es del calibre siguiente: sacan a concurso e invitan a las empresas para investigar y explotar la mitad del Paraje Natural del Karst de Yesos en Sorbas, en donde existe la mayor concentración de cuevas, dolinas, cañones y geodas, en donde hay propuestos 4 Global Geosites, candidatos a representar el patrimonio geológico de la Tierra», han dicho hoy los representantes del grupo conservacionista.
En la misma comparecencia han denunciado que se haya sacado a concurso la investigación y la explotación «de la tercera parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar», con lo que se vulnera, según el Grupo Cóndor, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas declara franco el espacio ocupado por 114 derechos mineros en la provincia de Almería y, simultáneamente, saca a concurso dicho territorio, con objeto de que las empresas mineras compitan para optar al mismo.
Los ecologistas atribuyen la decisión a la directora General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, María José Asensio Cotola, imputada por la Audiencia de Huelva, en abril de 2013, por presunta prevaricación en el ejercicio de sus funciones como Delegada Provincial de la Junta de Andalucía.
Tal y como han explicado los representantes del Grupo Cóndor, la imputación por la Audiencia se produjo como consecuencia de la querella criminal realizada por 6 técnicos del Departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva, que de acuerdo con lo argumentado sufrieron una serie de presiones para firmar una resolución contraria a la Ley de Minas y así “facilitar” la actuación de la empresa MATSA, en donde trabaja la hija del expresidente de la Junta de Andalucía, Don Manuel Chaves, lo que se conoce dentro de los casos de corrupción andaluza como caso MATSA.
La Junta niega la mayor.
Desde la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se explica que no se ha autorizado ni la realización de sondeos ni de explotaciones en ninguna de las zonas indicadas por el grupo ecologista, sino que únicamente se ha sacado a concurso un paquete de 118 derechos mineros de toda la provincia, cumpliendo de esta forma con la normativa que obliga a realizar información pública y sacar a concurso los derechos mineros cuando estos caducan.
Actualmente, los terrenos correspondientes a esos 118 derechos mineros son francos, es decir, no están sujetos a ningún permiso de investigación o explotación solicitado o ya otorgado.
Según explica Adriana Valverde, “el Gobierno andaluz está centrado en el interés público, que debe compaginar la necesaria protección del entorno natural con el desarrollo económico y la creación de empleo. Por eso la Junta de Andalucía apuesta por el desarrollo de la minería como uno de los principales sectores productivos de nuestra Comunidad, capaz de generar riqueza y puestos de trabajo y de absorber gran parte de la bolsa de desempleo que ha generado la crisis de la construcción, pero siempre con garantías de cumplimiento de la legislación y el respeto al medio ambiente, dentro de la filosofía del nuevo modelo de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno andaluz”.
“En cualquier caso- ha añadido Valverde- los permisos de investigación o explotación de recursos mineros están sujetos al cumplimiento de determinados requisitos, entre los que destacan los relacionados con la protección del entorno natural”, que deben reflejarse en el proyecto que presenta la entidad o persona que quiere ejercer esos derechos mineros ante los organismos que pueden verse afectados, como las delegaciones de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Medio Ambiente, y que además está sujeto a información pública.
Las administraciones competentes son las encargadas de autorizar o no los permisos en función del cumplimiento de esos requisitos, entre los que se incluyen un plan de restauración del terreno que se vea afectado por la labor minera y un aval que garantice la solvencia económica para realizar dichos trabajos de restauración.
La Junta lo niega
Desde la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se explica que no se ha autorizado ni la realización de sondeos ni de explotaciones en ninguna de las zonas indicadas por el grupo ecologista, sino que únicamente se ha sacado a concurso un paquete de 118 derechos mineros de toda la provincia, cumpliendo de esta forma con la normativa que obliga a realizar información pública y sacar a concurso los derechos mineros cuando estos caducan.
Actualmente, los terrenos correspondientes a esos 118 derechos mineros son francos, es decir, no están sujetos a ningún permiso de investigación o explotación solicitado o ya otorgado.
