El presidente de la Fundación Internacional de los Derechos Humanos ha criticado que el discurso “oficial” se limite a hablar de violaciones de los derechos humanos en países del tercer mundo “como algo ajeno a nosotros” cuando en España se cometen, ha dicho, “violaciones fragrantes” de estos derechos “constantemente”. “Los derechos humanos son el casus belli de moda”, ha afirmado.
Como ejemplo, D´Urgell, vocal de la asociación Unidad Cívica por la República, ha señalado que, en la actualidad, 940.000 personas están sin tarjeta sanitaria en lo que ha calificado como una “exclusión o apartheid sanitario” sin precedentes. También se ha referido a la deuda contraída por la Comunidad de Madrid con las universidades públicas de esa región y que supera los 500 millones de euros, a los controles e identificaciones “selectivos” que realiza la Policía en estaciones de trenes y autobuses “guiados simplemente por un criterio de rasgos étnicos” o a la lamentable situación de los centros de internamiento como algunas muestras de la “violación permanente” de los derechos humanos que se realiza en nuestro país.
El abandono de la Ley de Dependencia, el incremento registrado en los últimos años en el número de personas fallecidas bajo custodia policial, que España siga siendo el segundo país del mundo detrás de Camboya con un mayor número de personas desaparecidas o el retroceso en los derechos de las mujeres “a quienes se cuestiona también la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo”, han sido otros de los argumentos utilizados por Jaume d´Urgell en su conferencia, organizada por la Facultad de Humanidades y la Asociación Universitaria “Tormenta de ideas”.
D´Urgell, que milita en el PSOE desde 2004 también ha sido crítico con su partido y ha señalado, a preguntas de los asistentes, que “ningún partido socialdemócrata sobrevivirá haciendo políticas liberales”. “Pactar con la troika”, ha apuntado, “no es socialismo”.
Jaume d´Urgell fue el primer español en presentar, en febrero de 2006, una petición parlamentaria instando la supresión de la monarquía y solicitando la apertura de un proceso constituyente que condujera a la instauración de la Tercera República. Aquel año, entre otras acciones, interpuso una querella criminal contra Teodoro Obiang Engema instando a la detención del dictador de Guinea Ecuatorial.
