2ª. Rechazamos contundentemente la intencionalidad subyacente en las medidas aprobadas, en cuanto ponen en entredicho la directa relación existente entre la eficacia y la calidad del servicio público universitario y su nivel de financiación. Por el contrario, afirmamos sin ambages que el futuro de la investigación y la formación de los ciudadanos y, por consiguiente, de la calidad de vida de toda la sociedad pasan justamente por su mayor y mejor dotación de recursos humanos y materiales.
3ª. Creemos que la fragmentación, dispersión y precipitación de las medidas que se están adoptando introducen elevadas dosis de inseguridad jurídica e incertidumbre social que en nada favorecen la estabilidad necesaria para garantizar el buen funcionamiento del sistema universitario, más aún en estos momentos de crisis lacerante que estamos viviendo.
4ª. Consideramos deseable esperar de los legisladores y de las administraciones públicas competentes un ejercicio de responsabilidad institucional dirigido a evitar los irreparables daños que se causarán, no sólo a la Universidad sino a la sociedad en su conjunto, en caso de mantenerse la situación creada por las recientes medidas.
5ª. En consecuencia, solicitamos la revisión de las normas recientemente aprobadas, sin excluir su propia derogación, así como la puesta en marcha de un proceso de diálogo con las autoridades universitarias para implementar las políticas públicas educativas que la Universidad y la sociedad realmente necesitan y demandan.
