Almería es la provincia andaluza que más ha avanzado a la hora de completar los trámites necesarios para el desarrollo del Decreto 2/2012 de Regularización de Viviendas Ilegales de Andalucía. Así, un total de 82 municipios almerienses ya han superado la primera fase de esta norma y están por tanto en condiciones de que el Decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en su territorio.
Estos datos los aportó, ayer, la secretaria general de Ordenación del Territorio y Cambio Climático, Nieves Masegosa, en su intervención en una mesa redonda organizada por los colegios oficiales de Abogados y Arquitectos de Almería, en la que se debatió acerca de ‘La problemática de las viviendas ilegales en Andalucía y las perspectivas de su regularización a la luz de la nueva normativa’.
La representante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, destacó que este decreto se encuentra en su primera fase de tramitación, y que son los ayuntamientos “los que deben impulsarlo, puesto que son ellos los que tienen que poner en marcha el proceso para que el resto de la norma se pueda aplicarse”.
Masegosa informó además de los principales detalles del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia (LOUA) aprobado recientemente por Consejo de Gobierno, y ha insistido en que los cambios de los artículos 68.2, 183.3 y el 185.2, de dicha Ley “no supondrá una amnistía general” que permita regularizar edificaciones situadas en zonas inundables y de especial protección o que tengan abiertos expedientes administrativos o penales.
El objetivo de la modificación, tal y como dejó claro la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante el Parlamento hace unas semanas y ha recordado Nieves Masegosa ayer en Almería, es regularizar viviendas residenciales aisladas construidas de manera irregular en suelo no urbanizable y para las cuales ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística. Según la secretaria general, “lo que pretende el Gobierno andaluz es dar seguridad jurídica a miles de familias, que de esta forma podrán acceder a servicios básicos de luz y agua e inscribir sus viviendas en el Registro de la Propiedad”. Es decir, se trata de detectar la tipología de construcciones existentes que se encuentran en un callejón sin salida y de aplicar unas respuestas nuevas, con el fin de aportar certidumbre a los propietarios que hasta hoy viven en la inseguridad”.
