Un total de 101 ayuntamientos de Almería, el 99,01%, se repartirán los 3,35 millones de presupuesto con los que cuenta en la provincia el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación del Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ha publicado ya la relación de Ayuntamientos participantes, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos.
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Gracia Fernández, ha afirmado que “la inclusión a través del empleo marcará las políticas sociales del Gobierno andaluz a lo largo de la presente legislatura. Esta medida reitera el compromiso de la Junta para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica, y atender a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social”.
En la provincia destacan las ayudas que recibirán las ayuntamientos más poblados, como Almería capital (736.272 euros), El Ejido (264.625), Roquetas de Mar (302.314), Adra (94.815), Níjar (81.144) y Vícar (90.875). En total, los ayuntamientos recibirán 3.353.686 euros.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado con 40 millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces.
Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
Decreto de Inclusión
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado año el Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que beneficiará a más de 160.000 personas. Este decreto destina unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen 8 millones más de la cuantía que se destinó en 2013 en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.
El pasado 13 de julio, el BOJA publicó también la relación de 731 Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social. El Gobierno andaluz destinó a los ayuntamientos más de 6,2 millones de euros para cubrir necesidades urgentes para pagos de luz o agua de su población.
El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas hablamos de cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social.
La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.
