Las medidas del Gobierno acaban con las renovables en Almería

Las medidas del Gobierno acaban con las renovables en Almería

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Las medidas tomasdas por el Gobierno central con respecto a las energías renovables han afectado a 51 proyectos y han paralizado a otros 25, según ha explicado hoy la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, que se ha mostrado crítica con estas decisiones que han sembrado de «incertidumbre» un sector que hasta ahora estaba en alza en la provincia.

 

En este sentido, ha precisado que se han producido 25 desistimientos por parte de empresas que iban a poner en marcha proyectos de energías renovables en Almería y que otros 51 proyectos se ven afectados por la nueva normativa aprobada por el Gobierno central.

Adriana Valverde ha manifestado que, además de la moratoria a las primas que reciben las renovables aprobada en enero de 2012, “el Gobierno ha cambiado las reglas del juego en mitad de la partida al sector” con medidas que suponen un nuevo impuesto a los generadores de energía eléctrica “que compromete seriamente la rentabilidad y por tanto el futuro de las instalaciones renovables”, una merma de los ingresos para los productores al no actualizarse el precio de sus retribuciones con el IPC normal, sino con uno reducido (el subyacente), y la exigencia de nuevos criterios a proyectos que ya se habían tramitado conforme a otra legislación y requisitos.

En este contexto, ha explicado la delegada territorial, el Gobierno andaluz continuará apoyando y defendiendo “un sector que consideramos estratégico para nuestra tierra y que implica a 80 empresas y un millar de empleos en la provincia”, interponiendo un recurso de inconstitucionalidad contra las últimas normativas aprobadas por el Ejecutivo central: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.

Valverde ha precisado que el nuevo impuesto del 7% a los productores eléctricos que recoge la Ley de Medidas Fiscales “tiene un claro afán recaudatorio” ya que “este impuesto lo trasladarán, más temprano que tarde, las compañías eléctricas y de gas a la factura que pagan las familias y las empresas, lastrando la competitividad de estas últimas con un aumento de los costes de producción”.

Este impuesto afectará a 588 instalaciones de energías renovables y de cogeneración –en las que se produce electricidad y calor al mismo tiempo usando combustibles fósiles- en la provincia de Almería, con una potencia instalada de 636,87 MW y que actualmente tienen 198 empleos asociados, “ya que reducirá su rentabilidad, porque no es lo mismo gravar una instalación que lleva 30 años funcionando y está amortizada que una que lleva dos años en marcha, que es lo que les ocurre a las renovables”, ha añadido Adriana Valverde.

Moratoria de las primas a las renovables

Asimismo, ha explicado que el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central en enero de 2012 mediante el que suspendió las primas a las instalaciones de energías renovables “dejó sin incentivos a los proyectos presentados desde la fecha de publicación al anular las convocatorias futuras, pero también a los presentados en las convocatorias de preasignación de 2012, lo que implica que proyectos que estaban a las puertas de recibir las primas y que se habían diseñado teniéndolas en cuenta se han quedado paralizados”.

En esta situación están 40 proyectos de energía fotovoltaica para generar 2,95 MW en 20 municipios almerienses “que será difícil que se pongan en marcha si no reciben primas porque muy posiblemente no serán rentables”, además de 11 instalaciones de energía eólica y de cogeneración que se iban a poner en funcionamiento en otros tantos municipios para generar 192,6 MW y que “se han quedado en stand by sin que tengamos noticias de si van a seguir adelante”.

Adriana Valverde ha lamentado que la situación de “incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas del sector es tal que ya nos han comunicado 25 desistimientos de proyectos que habrían supuesto la generación de 42,7 MW y una inversión estimada superior a 70 millones de euros”.

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