El Ayuntamiento de El Ejido rechaza la cesión gratuita de suelo que le ofrece la Junta de Andalucía para el proyecto de la planta de frutilados, ha informado la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, después de que el Consistorio ejidense la acusara de «boicotear» el proyecto, al querer venderle el suelo 3.000% más caro.
José Manuel Ortiz, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha reiterado la disposición de la Junta de Andalucía a seguir colaborando con el sector agrícola almeriense y con otras instituciones para la gestión de los residuos agrícolas, colaboración que, a pesar de no ser un asunto de su competencia, viene realizando desde hace más de dos décadas.
De hecho, la Consejería de Agricultura mantiene el ofrecimiento que hizo hace años al Ayuntamiento de El Ejido de cesión gratuita al Consistorio de unos terrenos en dicho municipio -propiedad del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria-, con el fin de utilizarlos para el proyecto de la empresa Frutilados del Poniente SL -una planta de fabricación de alimento para ganado a partir de excedentes de frutos-.
Sin embargo, hoy por hoy, el Consistorio ejidense no quiere dicha cesión, ya que no acepta mantener la titularidad de la parcela, sino que su objetivo -según acordó en el Pleno municipal del 26 de septiembre de 2013- es limitarse a “promover” la constitución de una empresa privada.
Una muestra de la implicación de la Junta en la gestión de los restos de las cosechas fue el denominado ‘barrido cero’ que llevó a cabo la Consejería en las principales comarcas productoras de frutas y hortalizas, cuando a principios de la pasada década llevó a cabo una limpieza general y a fondo de todos los residuos hortofrutícolas que había acumulados en dichas zonas de producción. Pero dicha colaboración, según recuerda José Manuel Ortiz, “viene desde mucho antes, ya que como bien sabe o debería saber el alcalde, en el año 1992 la Consejería de Agricultura cedió gratuitamente y por un periodo de 25 años al Ayuntamiento de El Ejido 8 parcelas -entre las que se encuentra la parcela del antiguo IARA-”.
El objetivo de dichos terrenos era la instalación de una planta de reciclaje de residuos vegetales en la parcela que ahora se quiere para Frutilados, así como puntos de recogida de residuos de agrícolas en las otras siete parcelas. “Sin embargo, el Ayuntamiento, que acusa injustamente a otras Administraciones de boicotear el proyecto de la empresas Frutilados del Poniente, debería explicar por qué hasta hoy -23 años después de la cesión- no ha dado a dichas parcelas el uso para el que se le cedieron, así como el motivo real de su negativa a aceptar la cesión gratuita de la parcela del IARA”.
La normativa por la que se rige la disposición de los terrenos del extinto IARA, es el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, y las disposiciones que lo desarrollan. Esta norma prohíbe la cesión gratuita a una entidad privada. Por tanto, la única posibilidad legal es la venta de los terrenos, pero no a cualquier precio -como pretende el Ayuntamiento-, sino a precio de mercado. En caso de que la venta se realizara según las pretensiones del Consistorio, se incumpliría la norma legal.
Los criterios técnicos que se plantean para la venta de la parcela del IARA son los mismos que se aplican desde la Consejería desde la probación del Decreto en 1998 para la venta de otros terrenos en esta misma zona.
Por estos motivos, el delegado de Agricultura, más allá de mostrar su sorpresa por las afirmaciones y las acusaciones vertidas por el Ayuntamiento de El Ejido, reitera al Consistorio su ofrecimiento de cesión gratuita de los suelos, “y en caso de que persista en su postura de no aceptar dicha cesión, que explique públicamente por qué no la acepta, si tanto interés dice que está mostrando para apoyar el proyecto de Frutilados”.
El Ejido acusa a la Junta por mentir.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, asegura que no sale de su asombro ante semejantes declaraciones de la Junta con relación a la parcela donde iría ubicada la futura planta de tratamiento para el proyecto del ensilado. Asegura que “es rotundamente falso que la Junta nos haya cedido ninguna parcela para colaborar en la puesta en marcha de este proyecto en particular, ya que los informes jurídicos de la Consejería no permitían que ese suelo que supuestamente nos cedían pudiéramos ponerlo a disposición de Frutilados del Poniente”.
“Lo grave de la situación es que una vez descartada la opción de la cesión por imposición legal y optar por la compra de los terrenos como única solución para darle viabilidad al proyecto, la Junta ha actuado de muy mala fe tratando de aplicar ahora criterios de mercado, ya que las negociaciones para la compra comenzaron hace ya meses y, sin embargo, en el mes de diciembre, a espaldas de este Ayuntamiento y de todos los empresarios, con nocturnidad y alevosía, introduce una disposición adicional en la ley de presupuestos para cambiar la valoración de ese suelo, que es de pasto, y así poder multiplicar por casi cuarenta veces su valor real”, subraya Góngora.
El primer edil quiere dejar claro que “nuestra indignación no es por el tema de la imposibilidad de la cesión para la puesta en marcha de esta actividad, sino por el hecho de que se haya actuado de manera tan miserable con la intención de hacer caja a costa de las necesidades del sector, cambiando la normativa en el último momento para que la compra no pudiera realizarse según la normativa del año 2011 y para que el precio se haya visto incrementado en más de un 3.000%”.
De esta forma, desde el Ayuntamiento se asegura que hasta finales de año, la Junta de Andalucía ha estado enajenando parcelas en toda la Comunidad Autónoma, como en Palma del Río o en Puebla de Don Fadrique, por ejemplo, con la normativa de 2011, según la cual deberían aplicarse los valores catastrales en las operaciones de compra, “pero es obvio que esto no les interesaba, a pesar de que suponía materializar un proyecto para una cuestión como el tratamiento de los restos, que es de gran interés social y medioambiental para nuestra comarca y nuestro sector agrario y que vendría a cubrir un déficit de gestión por parte de la Consejería, que es quien tiene todas las competencias en esta materia desde el año 2012, tal y como viene recogido en el Reglamento de Residuos de Andalucía, aunque no haya movido un dedo al respecto”. “Prueba de que la Consejería no ha movido ni un dedo en este asunto es que todavía hoy sigue sin reconocer sus obligaciones en este sentido”, indica Góngora.
El Ayuntamiento, que no tiene competencias en materia de gestión de los restos, esperaba adquirir la parcela para ponerla a disposición de los empresarios que se han volcado con este proyecto, algo a lo que desde el principio se ha negado la Consejería, por lo que “es absolutamente falso que nos hayan querido ceder un terreno con esta finalidad, ya que tuvimos que plantearnos la compra ante la negativa de la Junta a cedernos el derecho de superficie para poder seguir adelante con esta iniciativa”.
“Evidentemente, la única posibilidad legal es la venta de los terrenos y, evidentemente, después de la trampa y chapuza que ha hecho la Junta modificando la ley de presupuestos ahora no se pueden adquirir esos terrenos por debajo del precio de mercado, pero es que el detalle que obvia el Delegado es que esta negociación comenzó meses antes de que se introdujera esa disposición adicional en la normativa para que a partir de diciembre el precio del suelo tuviera un precio superior al que tenía anteriormente, y eso tiene un nombre, y es el de BOICOT al proyecto y a todo el sector agrario”, ha puntualizado Góngora.
