La Abogacía del Estado y la Junta de Andalucía han pedido, este martes, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se revise de oficio la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras a Azata del Sol en 2003 para construir el hotel de El Algarrobico, sin embargo, ni Estado ni Junta piden la demolición del hotel.
Hoy ha tenido lugar una nueva vista en el alto tribunal andaluz, la Abogacía del Estado ha animado al TSJA a declarar nulo la concesión de la licencia, ya que no se ajustaba a ordenamiento jurídico.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha recalcado la vulneración de la Ley de Costas que suponía la concesión de dicha licencia que permitió inicar la construcción del edificio, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y que está parada desde 2006; del mismo modo, el letrado de la Administración andaluza ha recordado en la sala las tres sentencias firmes del Tribunal Supremo, que sostienen que el edificio invade de forma parcial la servidumbre de dominio público establecida en cien metros.
Han remarcado, asimismo, que estas resoluciones «tienen potencia para influir en el sentido de fallo» que vaya a dictar la sala y avalan «totalmente el razonamiento del juez» de Almería que dictó la resolución de septiembre de 2008 por la que se apuntó la nulidad de la licencia.
En el mismo sentido se ha pronunciado el letrado de la Junta, quien ha subrayado que se está «ventilando» si el citado permiso de obras «incumple» en materia de Costas y ambiental, y en este último caso, ha recordado que se trata de un «debate estéril» ya que, por sentencia de junio de 2012, está publicada en BOJA la calificación del suelo sobre el que se asienta el hotel como «espacio protegido no urbanizable».
Si bien ninguna de las dos administraciones, ni estatal ni autonómica, han hecho alusión a la demolición de lo edificado en el paraje enclavado en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sí la ha interesado subsidiariamente el abogado de las asociaciones conservacionistas Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, José Ignacio Domínguez, quien ha recordado que en los recursos que dieron lugar a la sentencia ahora en litigio se solicitaba que se condenase al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia concedida en enero de 2003, se paralizasen las obras –como así ocurrió en 2006– y se iniciase el expediente para «la demolición de lo construido y la restablecimiento de la legalidad urbanística por ser las obras ilegales e ilegalizables».
