La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, ha presentado esta mañana en el Archivo Histórico Provincial una exposición y el documento de los meses de julio y agosto. Ambas actividades están dedicadas a la vida de la mujer gitana en la Historia. Para dar cuenta de ello, Cabrera ha estado acompañada por la directora del Archivo, María Luisa Andrés Uroz, y el coordinador de la exposición, profesor ya jubilado e investigador sobre la historia de la comunidad gitana, Manuel Martínez Martínez.
Según ha explicado la delegada,”hemos dedicado nuestro espacio expositivo a este tema a propuesta de un investigador que lleva muchos años trabajando sobre la historia de la comunidad gitana en esta provincia, Manuel Martínez Martínez”. Cabrera ha señalado que “Martínez ofreció a la Junta de Andalucía exponer los documentos que hoy mostramos por primera vez, testimonios y objetos que la mayoría son de su propiedad recopilados a lo largo de los muchos años que ha dedicado a este tema, junto a documentos que se conservan en el propio Archivo, como pueden ser la Escrituras de soldada insertas en los protocolos notariales, pleitos, etc.”.
Entre los objetos que se podrán ver en la exposición hay libros, postales, barajas, cestas y tinteros, entre otros. Esta exposición se podrá ver hasta el 10 de septiembre.
En cuanto al documento que se va a exponer durante los meses de julio y agosto en el Archivo se trata de la Escritura de soldada de Juana, una niña gitana de Vera, con la que conseguirá la vecindad y poder tener así una vida más fácil. La carta de soldada de Juana está realizada el 18 de noviembre de 1573 ante el escribano Pedro Casquer.
Eloísa Cabrera ha señalado que según las investigaciones de historiadores “existe constancia de la convivencia con la comunidad gitana en la provincia de Almería desde los inicios de la Edad Moderna desde que estas tierras se pueblan con vecinos venidos de otras tierras tras la expulsión de los moriscos en el siglo XVI”. Al respecto, ha señalado que “sabemos que fue una convivencia difícil, cargada de problemas y, seguramente, más difícil todavía para las mujeres, por lo que esta exposición nos podrá ilustrar al respecto”.
Vecindad
Según el coordinador de la exposición, Manuel Martínez Martínez, “ser vecino de una comunidad local otorgaba algunos derechos especiales derivados del derecho romano. Para ello se debía solicitar la vecindad demostrando poseer una residencia consolidada, bien por poseer bienes raíces o haber nacido en su jurisdicción. En el caso gitano, carente de propiedades, sólo podía demostrar su compromiso con la comunidad por haber nacido en su seno o por su arraigo social, algo muy complicado en la excluyente sociedad del siglo XVI. Un trámite que resultó extremadamente complicado.
Es a partir de 1.539 cuando se incrementaron las solicitudes de vecindad con objeto de evitar la pena de galeras. Sin embargo, situados en la frontera de la legalidad y el delito, expuestos constantemente al rechazo de las autoridades municipales, debieron adoptar estrategias integradoras como la encomienda infantil, una práctica que fue muy utilizada por la comunidad morisca, y por la gitana a partir de la sublevación de 1.568 en el Reino de Granada”.
Durante la rueda de prensa, Martínez ha informado que “básicamente, la encomienda era un tipo de explotación laboral que se sustentaba en una dependencia personal que podía abarcar, desde la esclavitud, hasta modalidades de tutela y de amparo”.
Los gitanos, acuciados por el cerco legal a que se veían sometidos, aceptaron las encomiendas como un intento para obtener una vecindad y eludir de esta forma, las graves penas que se imponían a los que se les hallaban vagantes; tal como ocurriría con ocasión de la cédula real de la Navidad de 1.572 para echar a galeras todos los gitanos vagabundos.
La crisis económica y la escasez de mano de obra existente en estas fechas, favoreció el desarrollo de las encomiendas de niños y niñas de corta edad, procedentes de familias moriscas y gitanas, a través de contratos o soldadas, cuyas condiciones laborales, los padres se preocupaban de legitimar notarialmente ante escribano, a fin de evitar los abusos por parte del encomendero y garantizarse el vestido y la alimentación de sus hijas, así como una cantidad en dinero que se cobraba anualmente o al final del tiempo fijado.
En las soldadas se estipulaba la duración y las condiciones a las que debían quedar sujetos el encomendador y el encomendado. El tiempo de duración oscilaba normalmente entre los cuatro y los seis años sin hacer ausencia de su servicio. En caso contrario, el encomendero tenía el derecho a reclamarlos y forzarles a regresar para continuar su soldada. Como obligaciones, se les exigía no les hicieran daño y darles alimentación, vestido y calzado, con la garantía de no despedirlos antes del tiempo pactado, bajo pena de una indemnización. Todos recibieron una cantidad anual, que en el caso de Juana ascendía a 22 reales, en tanto otras niñas como de Inés, era tres ducados.
“Finalizada la encomienda, los niños y las niñas gitanas volvían a sus familias habiendo sufrido una fuerte aculturación por parte de sus encomenderos, quienes durante su tutela, se esforzaban en reducirlos a las costumbres y religión de los cristianos viejos”, ha precisado el coordinador de la exposición.
