En un comunicado, este grupo conservacionista lamenta la actitud del Parlamento Europeo, que ha amenazado a nuestro país con retirarle las ayudas por estas cuestiones urbanísticas un tanto oscuras. A su entender, la Unión Europea debería «instar al Gobierno español y al conjunto de las administraciones públicas a investigar a fondo lo sucedido», a fin de exigir responsabilidades a quien corresponda.
GEM no cree que la solución pase por legalizar las miles de viviendas irregulares, que las considera como uno de los «pilares de las especulación». El grupo conservacionistra considera que los intentos para legalizar estas viviendas «suponen un engaño para el conjunto de la ciudadanía», y rechazan el argumento de «inseguridad jurídica» que esgrimen promotores y propietarios.
