La Oficina del Defensor del pueblo andaluz ha quedado atónita ante la información publicada el pasado día 10 de diciembre por el Diario de Almería en la que se aseguraba que “El Defensor del Pueblo andaluz da la razón al Ayuntamiento en el crematorio” en la portada del diario (se adjunta la portada en PDF), y con los titulares de la página 11 cuando asegura en su titular “El Defensor del Pueblo andaluz avala el nuevo crematorio de Torrecárdenas”, y añade como subtítulo “Responde a un escrito presentado por la Plataforma creada contra las instalaciones que construye el Ayuntamiento. Chamizo les remite un informe de la Junta en el que niega riesgos para la salud”.
La Plataforma desmiente rotundamente toda la información. Asegura que cualquier ciudadano puede llamar al 954 21 21 21 y podrá comprobar como la queja Q11/5788 está pendiente de su valoración para ser admitida a trámite. El Defensor del Pueblo mucho menos ha avalado la ubicación, como asegura interesadamente el Diario de Almería, y mucho menos ha remitido a la Plataforma documento alguno donde se asegure nada. En una conversación mantenida con la Plataforma la Oficina del Defensor del Pueblo les asegura que la queja ni siquiera está admitida a trámite. Ni siquiera ha pedido informe al Ayuntamiento de Almería, “con lo cual no existe un pronunciamiento en absoluto sobre la idoneidad de la ubicación del crematorio de Almería. Sobre ese crematorio hasta el momento no existe ningún pronunciamiento del Defensor del Pueblo andaluz”.
Una interpretación interesada por parte del Diario de otro caso.
Dicho eso, añaden desde la Oficina, lo que sí existe es una resolución de una queja similar del año 2009 en la que el Defensor del Pueblo dirigió a la Consejería de Salud una resolución de 4 de marzo de 2010 al objeto de que modificara el Reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria. La queja lo que plantea es todo lo contrario de lo que dice el Diario de Almería. En ella se recoge el profundo rechazo que generan este tipo de instalaciones junto a las viviendas en toda Andalucía e insta a Salud a regular la distancia mínima entre este tipo de instalaciones contaminantes y las zonas residenciales.
En ese sentido, aseguran, “hicimos esto porque no nos parecía la solución más acertada, e instamos a la Junta a que siguiera el camino de otras comunidades autónomas porque nos parecía que la posición de Andalucía era la más tolerante con respecto a este tema. Entendemos que lo que procede es una modificación de esta norma para establecer una distancia mínima de los crematorios respecto de las viviendas”. Salud y Medio Ambiente les aseguraron que no era necesario porque no había riesgos para la población si se tomaban una serie de medidas correctoras de la contaminación. El Defensor del Pueblo contestó que se pueden poner todas las medidas correctoras que se quiera (sin entrar en ellas), pero que “no parece que lo más razonable es que un crematorio se ubique en una zona residencial”. Ello sin menoscabo de que cada Ayuntamiento pueda ordenar este tipo de instalaciones dentro de su término municipal, pero siempre dentro de una limitación de distancia mínima respecto a las viviendas ya que es un uso, a todas luces, incompatible con el uso residencial del suelo.
Esa resolución está en la web del Defensor del Pueblo, ya que es un tema que afecta a muchísima gente y por ello se publicó, para evitar malas interpretaciones, sobre todo mediáticas, aseguran desde la Oficina del Defensor del Pueblo. Además, añaden, “no es una resolución pensada para responder al Ayuntamiento de Almería”. De hecho esto es una queja de 2009, y la que plantea la Plataforma la hace el 1 de diciembre de 2011. Por ello “esa queja en absoluto responde a vuestra demanda”.
Además, añaden desde la Oficina del Defensor del Pueblo, “en ningún caso nos ponemos en contacto con los medios de comunicación para dar cuenta de ninguna resolución, mucho menos sin comunicárselo a la parte afectada. En este caso es que ni siquiera ha habido ningún pronunciamiento”.
La Plataforma cree que el Diario de Almería, en su postura de alineación con el Ayuntamiento en este tema, ha interpretado muy interesadamente otros casos de crematorios que pueden consultarse en la propia web del Defensor, y lo ha adaptado de forma completamente parcial para regocijo de una de las partes en este conflicto.
Además, al margen de ese pronunciamiento, el Defensor del Pueblo andaluz ha pedido a la consejería de Medio Ambiente para que se modifique la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (GICA) para que se incluya en el anexo de la Ley este tipo de instalaciones a los efectos de someterla a procedimientos de control ambiental. A día de hoy no está incluida.
Además, la información que proporciona el Diario de Almería está plagada de incongruencias y de medias verdades. Por ejemplo una de las razones que argumenta este Diario para justificar la postura del Defensor es que esta institución ha tenido muy en cuenta que el proyecto es “legal”. También son legales los desahucios de las viviendas promovidos por los bancos, y sin embargo los admite a trámite, aseguran desde la Plataforma. La figura del Defensor del Pueblo está para amparar a aquellos ciudadanos que, siendo su causa justa, no encuentran amparo en la legislación vigente. En esa información también se recoge que la primera vivienda está a 400 metros de la chimenea, cuando la realidad es que hay un colegio a 286 metros del foco de contaminación, entre otras muchas intexactitudes.
Y como prueba de la parcialidad de este diario, en la contraportada de ese mismo día acusa a la Plataforma de haber faltado el respeto al concejal Carlos Sánchez, instándole a pedirle disculpas. En ningún momento la Plataforma tiene constancia de que se le haya faltado el respeto, ni como persona ni como cargo público. Los vecinos, aseguran, no pueden decir lo mismo cuando el Sr. Carlos Sánchez aseguró ante los medios de comunicación que “se movían por intereses comerciales y partidistas”, y cuando dijo que “os pongáis como os pongáis el crematorio se va a construir ahí”, entre otras muchas ocasiones como cuando siguió mintiendo cuando decía que la instalación contemplaba filtros, a sabiendas de que no los contemplaba. Ni siquiera hoy el proyecto con el que están continuando las obras cuenta con ellos, a pesar de habérselos exigido Medio Ambiente, aseguran fuentes de la Plataforma.
Una larga lista de informaciones interesadas.
La postura de este diario con la Plataforma no es nueva, aseguran éstos. En ningún momento se han hecho eco de ninguna noticia de este colectivo, máxime cuando junto a la nota se han aportado pruebas. Así, nunca ha publicado este diario que el Partido Popular movilizó a los vecinos de Huércal de Almería en febrero de 2006 contra un crematorio de similares características al que ahora promueven ellos en la capital a escasos cientos de metros del anterior. De casos como el del candidato por el PP a la alcaldía de San Juan de Alicante, Manuel Aracil, que se fue al notario para certificar que no construiría un crematorio junto a las viviendas, de que la Junta ha paralizado el crematorio promovido por el Ayuntamiento y ASV Funeser por su alta contaminación al no contar con ningún tipo de filtros y en contra de lo que se estuvo manteniendo durante semanas por parte del propio Ayuntamiento, de que un crematorio en Granada estuvo emitiendo contaminación un 430% por encima de los límites legales vigentes y sólo tuvo una sanción de 10.150 euros, de que la policía irrumpió en mitad de una cremación ilegal de la empresa “seria y solvente” ASV Funeser en Alicante, de la conflictividad social que generan los crematorios en cualquier punto de España cuando se instalan junto a las viviendas, entre otras muchas informaciones.
Es más, este diario ha actuado de mala fe contra los vecinos, asegura la Plataforma. Cuando el concejal Carlos Sánchez se reunió con éstos para informarles del proyecto publicó que éstos últimos no le dejaron hablar. La periodista que allí había de este diario no sólo comprobó que eso no era cierto, sino que no reflejó en su información que los propios técnicos de la empresa que construye el crematorio reconocieron que éste no cuenta con ningún tipo de filtros, y que los informes de Salud y de Medio Ambiente no decían lo que el Ayuntamiento daba a entender que decían, aseguran desde la Plataforma. Al contrario, añaden. Después de aquella reunión el Diario de Almería siguió manteniendo esta postura hasta que el apagón informativo del Ayuntamiento sobre el tema, que el crematorio llevaba filtros y que Salud y Medio Ambiente avalaban el proyecto. Cuando la Junta lo ha paralizado (el proyecto, que no las obras), ni una palabra.
Es más, en la edición del 7 de noviembre se vuelve a mantener que “El Ayuntamiento y la empresa que ejecuta las obras se han comprometido a que se instalarán unos filtros, los mejores del mercado, que impedirán la salida de contaminantes. Estos dispositivos sólo los tiene el crematorio de Barcelona y cuestan casi 400.000 euros”. Cuando esto se publica un técnico de la empresa ya ha reconocido a los vecinos que no sabe qué filtros van a poner, que han pedido seis presupuestos y que han descartado tres. Lo que ninguno cuenta, ni Ayuntamiento, ni empresa ni periódico, es que esos filtros se los ha acabado exigiendo Medio Ambiente por no contar con ellos con el proyecto, y que la empresa ha interpuesto un recurso de alzada contra la Consejería por exigirle niveles de contaminación demasiado bajos. Si tuviesen intención de instalarlos los habrían incluido en el proyecto. Y no lo han hecho aún. Y lo que tampoco cuentan es que el mismo día que el Diario publicaba la información del Defensor del Pueblo contra los vecinos, Ideal publicaba que Carlos Sánchez reconoce que el proyecto no contempla ningún filtro, pero que por presiones de los vecinos se van a instalar.
Ese día se vuelve a insistir en que informes de Salud y Medio Ambiente avalan el proyecto, y resta importancia a la emisión de dioxinas como agente cancerígeno, entre otros detalles como que no habrá humos ni olores, siempre a favor del Ayuntamiento.
La Plataforma no entiende esta forma de hacer periodismo por parte de uno de los tres diarios impresos en papel de esta provincia, dirigido por Antonio Lao. Mañana puede que el Defensor del Pueblo no admita a trámite la queja de la Plataforma, que la admita y conteste lo mismo que a otras plataformas, o que le dé la razón a esta asociación en sus reivindicaciones. En este caso concreto carece de importancia. Lo importante es que se ha mentido desde un diario que se supone tiene que ser un «notario de la realidad», asegura la Plataforma. Lo que no se puede hacer desde una redacción seria es decir lo que no se ha dicho, e informar de lo que no existe, poner en boca de personas palabras que no se han pronunciado, y mucho menos exigir a unos vecinos, que son la parte más débil con diferencia de este conflicto, que se arrodillen ante Carlos Sánchez y el alcalde (que todavía no ha pronunciado una palabra sobre el tema), y pidan perdón por haber levantado la voz ante una situación que consideran injusta y ante la que no encuentran amparo en la legislación vigente, aseguran estas fuentes.
La Plataforma asegura que la lucha va a ser larga, pero que a pesar de tener a Ayuntamiento, empresa y buena parte de los medios de comunicación en contra, además de la legislación vigente, su causa es justa y seguirán luchando porque ninguna instalación altamente contaminante y tóxica pueda estar a 286 metros de un colegio.
