El Juzgado número 3 ha admitido a trámite el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Central Sindical Independientes y de Funcionarios, CSIF Almería, el cual denuncia la privatización encubierta que se está llevando a cabo en la Universidad de Almería a través de Encomiendas de Gestión de la Fundación Mediterránea. El rector, Pedro Molina, niega que las ecomiendas supongan la privatización de ningún servicio.
La denuncia del sindicato va en contra de la Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se aprueban dichas encomiendas de gestión a la Fundación Mediterránea (BOJA Nº 253 de 30 de diciembre de 2013).
El sindicato considera que las encomiendas de gestión que pretende realizar la UAL atentan contra los derechos de los más de mil empleados públicos de la plantilla de la Universidad, además de afectar negativamente a la calidad y eficacia del Servicio Público que presta. “No entendemos porque desde la dirección de la UAL quieren eliminar determinadas funciones del control público”, explica Francisco Iglesias, presidente de CSIF Almería.
En concreto, los servicios que se verán afectados, según ha explicado el sindicato, son los que tienen que ver con el ‘Centro de Lenguas’, con ‘Emprendimiento y Empleabilidad’, ‘Internacionalización, Comunicación y Marketing’ y con el ‘Soporte Virtual a la Docencia y a la Calidad Académica’.
Reacción del rector
Por su parte, Pedro Molina ha manifestado que «las encomiendas de gestión no suponen la privatización de ningún servicio”, con lo que niega las acusaciones realizadas por la central sindical.
“Ni afectan negativamente a la calidad y eficacia del servicio público, ni suponen una carga económica a las arcas universitarias, ni se sustraen del control público, ni se crea una administración paralela, ni –por supuesto- se ha privatizado, ni se va a privatizar, el servicio público universitario”, afirma el rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina.
Esto es así, añade, porque las funciones cuya gestión se ha encomendado se realizaban anteriormente, desde hacía años, por trabajadores que no son empleados públicos de la Universidad de Almería. Además, no se ha despedido a ningún empleado de la Universidad por este motivo, ni se ha contratado a ningún trabajador que no lo fuera antes. Molina argumenta que lo “único” que ha cambiado ha sido el marco jurídico, la derogación de los numerosos convenios y contratos suscritos con la Fundación Mediterránea y los trabajadores y su sustitución por las figuras de las encomiendas de gestión, “que en ningún momento escapan al control de la Universidad, como titular del servicio público de la educación superior, teniendo que insistir en que –en ningún caso- supone privatización del Servicio Público en la Universidad de Almería”.
“Este Rectorado ha demostrado siempre su respeto y defensa de la función pública de la Universidad de Almería, con el reconocimiento de sus empleados públicos, habiendo impulsado la funcionarización del personal laboral de la Universidad de Almería que así lo decidió, a fin de garantizar una mayor estabilidad en sus puestos de trabajo”, recuerda el máximo responsable de la UAL. De un total de 245 trabajadores laborales, decidieron funcionarizarse 231, tomando posesión de sus plazas el día 1 de mayo de 2009.
