Cuando hablamos de la gestión del agua, sobre todo en Almería, nos solemos referir a la gestión de un recurso escaso, pero hay otra problemática que cada vez está tomando más relevancia y que con los efectos previsibles del cambio climático, lamentablemente, acabará tomando todavía más; nos referimos a los problemas derivados de las lluvias torrenciales y sus efectos directos. En concreto, las inundaciones, que en los últimos tiempos están aumentando su intensidad y peligrosidad causando no solo daños materiales, sino también poniendo en peligro la integridad de las personas llegando a causar pérdidas de vidas humanas.
El tema de la peligrosidad de este tipo de eventos climatológicos, está bastante más estudiado de lo que se podría suponer en un principio, lo que ocurre es que la finalidad de estos estudios no suele ser respetar los fenómenos naturales y evitar que en las zonas con riesgo de inundación se puedan ubicar actividades humanas que puedan poner en riesgo a la población, sino más bien la de tomar medidas, normalmente construcción de infraestructuras, para que en caso de que esas lluvias torrenciales se produzcan, con las consiguientes avenidas, no ocasionen daños.
La experiencia nos demuestra que esta segunda opción “ingenieril” acaba frecuentemente en fracaso, ya que suele ser habitual que esas infraestructuras que debían garantizar la no inundabilidad de una zona inundable, no sirven de mucho ya que al final esa zona “protegida de inundaciones” se acaba anegando más tarde o más temprano. Sin embargo, al fracaso siempre se le busca una explicación… y se intenta explicar de muchas maneras: ha llovido más de lo que se esperaba (lo que con el cambio climático va siendo cada vez más habitual), el cauce estaba sucio o con vegetación (si hubiese estado tan limpio y encauzado como un “cajón de hormigón” esto no hubiera sucedido… etc.).
A lo mejor es hora de cambiar de “chip”, y ante la imprevisibilidad cada vez mayor de los fenómenos climatológicos, actuar con el principio de precaución y plantearnos que es necesario respetar los procesos naturales. Por ejemplo, si es posible que una zona determinada se inunde hay que impedir en la misma cualquier actividad, especialmente la urbanística, ya que es la mejor manera de evitar riesgos innecesarios a la población.
Sin embargo, todavía persiste la obstinación de construir en zonas que se pueden inundar y no solo viviendas, hay muchas infraestructuras como desaladoras, depuradoras, … que se han construido en zonas inundables, eso sí, con las adecuadas “medidas correctoras” para impedir que se inundasen, que al final no han servido para nada y han acabado inundándose. Conocida es la frase popular “el río (o la rambla) ha salido con las escrituras” y ha ocupado las zonas que normalmente se esperaba que ocupase.
Si en nuestra provincia hay alguna donde las obras para impedir los efectos de las avenidas son más que de dudosa utilidad es el Levante almeriense. En este territorio se ha construido en zonas en las que todos (Ayuntamientos, Junta de Andalucía, promotores…) sabían que eran inundables, menos los compradores de las viviendas… Si alguien les hubiese informado de esta situación seguramente no las habrían comprado, es más si esto las prohibiciones de construir en zonas inundables fueran efectivas no habría habido ningún promotor que se hubiese arriesgado a urbanizar estas zonas.
Eso sí, siempre se afirma rotundamente que se habían tomado medidas que impedirían que estas urbanizaciones se inundasen como reducir las dimensiones del cauce y encajonarlo con hormigón, construcción de tuberías de desagüe, bombeos… medidas que ha ido que ir revisando constantemente, ya que las inundaciones se seguían produciendo. Normalmente, después de la producirse la “catástrofe natural” se culpabiliza a otros factores, sin enfrentarse con las causas reales del problema, que en lo fundamental es que esa zona no se debería de haber urbanizado.
En vez de aprender de la experiencia de que las zonas inundables, por más medidas que se tomen, lo más probable es que se sigan inundando, el proceso urbanizador continúa desmedido y el problema va tomando cada vez dimensiones mayores, lo que hace cada vez más difícil que se pueda solucionar.
Las Administraciones, no pueden alegar ignorancia ya que el problema está estudiado y es conocido, pero no han sido capaces de tomar las medidas eficaces para solucionarlo de raíz. Es de sentido común que la solución tiene que pasar por impedir la urbanización de espacios que se sabe que se puedan inundar.
La REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía) es una herramienta que la Junta de Andalucía pone a disposición de todos los ciudadanos y que con Sistemas de Información Geográfica (SIGs) resume el resultado de muchos estudios sobre diversos temas. Entre los servicios que ofrece suministra información muy valiosa sobre las zonas del territorio susceptibles de inundarse.
En la REDIAM hay mapas de riesgo de inundación para periodos de retorno 100 y hasta de 500 años y se catalogan las denominadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSI).
El sentido común nos dice que, si un espacio está considerado como ARPSI, será porque se puede inundar, por lo tanto, los más elementales principios de prudencia, si no está ocupado, aconsejarían no ocuparlo. Sin embargo, no sucede así y aún son numerosos los proyectos de urbanización o de todo tipo de instalaciones que se pretenden instalar en estas zonas, alegando el derecho de la propiedad a urbanizar territorios declarados en diversos planes urbanizables. Sin embargo, poco se alude al derecho de los ciudadanos a la seguridad. Posiblemente lo que habría que hacer es señalizar estas zonas adecuadamente, como se hace con el suelo no urbanizable, para advertir a los compradores de que allí no se puede edificar, para que sepan que se están comprando su vivienda o solar en una zona inundable u obligar a los promotores a informar de esta situación a los compradores. Pero lo más sensato sería declarar directamente todas estas zonas como no urbanizables por ser lo que son: Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones, declaradas así por la propia administración. De esa manera impediremos que el problema siga creciendo y empezar a plantearnos cuál sería la mejor manera de solucionar la problemática planteada con todo lo que ya se ha hecho mal desde el punto de vista de la Ordenación del Territorio.
Junta Directiva de la Asociación Acuíferos Vivos
