La Federación de Regantes de Almería (FERAL) ha comprobado que sigue en vigor el corte de agua que desde el pasado jueves afecta a más de 3.100 hectáreas de cultivos en el Bajo Andarax.
Durante el pasado fin de semana, algunas fincas ya han agotado sus reservas de agua embalsada y está previsto que en las próximas horas tengan que arrancar la plantación. Las fincas con balsas más grandes aún tienen autonomía de riego para uno o dos días más, aunque también se verán obligadas al arranque total de las plantaciones si la Consejería de Medio Ambiente no desbloquea antes esta lamentable situación.
Mientras tanto, los más de 30.000 metros cúbicos de agua que cada día han dejado de recibir los agricultores del Bajo Andarax se vierten directamente al mar sin ningún tipo de aprovechamiento, a pesar de ser aguas depuradas en la estación de El Bobar y por cuyo tratamiento pagan un canon todos los ciudadanos. En situación de normalidad, esas aguas depuradas son las que riegan el Bajo Andarax después de recibir el correspondiente tratamiento de desinfección en la planta que gestiona en Viator la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería (CGUAL).
El vertido de las aguas depuradas al mar, junto con las pérdidas de producción agrícola, son dos factores que desde la mañana del lunes están ya en boca de los operadores comerciales. A juicio de FERAL, la decisión adoptada por la Consejería de Medio Ambiente provoca un grave deterioro de la imagen que el sector agrícola almeriense está trasladando al exterior en estos momentos, especialmente en aspectos como la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
La preocupación y el nerviosismo están haciendo mella entre los agricultores afectados, que no reciben agua de riego desde el pasado jueves. Según ha podido comprobar FERAL, en el campo nadie entiende que la Consejería de Medio Ambiente haya decidido cortar el agua sin asegurar antes otro recurso alternativo que garantice la supervivencia de las cosechas. “Insistimos en que ha sido una decisión precipitada, ya que sean cuales sean los presuntos incumplimientos administrativos de los gestores de la red de distribución de aguas regeneradas está claro que no se puede dejar sin riego a miles de explotaciones agrícolas que se encuentran en plena campaña de tomate, melón y sandía”, recuerda el presidente de FERAL, José Antonio Fernández.
SOLUCIÓN ALTERNATIVA
En la búsqueda de una solución alternativa, los regantes afectados solicitaron el pasado viernes a la Junta de Andalucía autorización oficial para el uso de agua procedente de la desaladora de Carboneras y de la desaladora de la capital almeriense, además de autorización de uso de aguas procedentes de todos los pozos legales ubicados en la comarca del Bajo Andarax, que estén localizados dentro del perímetro de riego de la Comunidad General de Aguas de Almería (CGUAL). Por el momento, no hay respuesta oficial a dichas peticiones.
Cabe recordar que el corte de agua de riego en el Bajo Andarax comenzó el pasado jueves a consecuencia de la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente que prohíbe el uso de aguas regeneradas, el único recurso hídrico autorizado en la zona. Esta resolución ha sido cumplida por la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería (CGUAL), que gestiona en Viator la red de distribución y la planta de desinfección donde las aguas depuradas reciben el tratamiento que las hace aptas para su uso en el riego de frutas y hortalizas.
El uso de aguas regeneradas para riego en el Bajo Andarax se realiza desde que la Junta de Andalucía inauguró hace 26 años la planta de ozono y desinfección que primero fue gestionada por la comunidad de regantes Cuatro Vegas y que desde julio de 2015 gestiona CGUAL, la comunidad general de usuarios que representa legalmente a todos los regantes de la comarca. Durante 26 años, el uso de 15 hectómetros cúbicos anuales de aguas reutilizadas para riego agrícola se ha autorizado por la Junta de Andalucía mediante concesiones temporales, sin que hasta la fecha se haya dado luz verde al expediente de concesión definitiva cuya tramitación se inició en 1991.
Los continuos retrasos en la tramitación del expediente de concesión y la judicialización de las relaciones entre las dos principales comunidades de regantes de la comarca (Sindicato de Riegos y Cuatro Vegas) han degenerado en una dramática situación que deja condenadas a muerte a más de 3.000 hectáreas de invernaderos que van a perder las plantaciones y que no saben si podrán sembrar la campaña que viene.
