La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente ha sellado un compromiso con el Ayuntamiento de Almería para ejecutar la primera fase del proyecto de recuperación ambiental del delta del río Andarax, aunque ha dado el «no» a la hora de asumir las expropiaciones de los terrenos sobre los que se realizará esta actuación y también la ampliación del Paseo Marítimo.
En una reunión mantenida en el Ministerio con el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, y el concejal de Urbanismo, Juan Megino, se alcanzó un primer acuerdo por el que el Ayuntamiento de la capital entregará los terrenos a Medio Ambiente a finales de enero, una vez terminado el proceso de expropiaciones. Será a partir de ese momento cuando el Ministerio inicie la licitación de las obras del proyecto. Esta recuperación se une a la ampliación del Paseo Marítimo de la capital.
En el encuentro, celebrado en Madrid, los representantes municipales han explicado al Gobierno la imposibilidad del Ayuntamiento para acometer en solitario la financiación de las expropiaciones de todos los terrenos sobre los que se ha de levantar la continuación del Paseo Marítimo a fin de que la Administración General del Estado ayudara económicamente, tal y como se comprometió en mayo de 2007 en Almería la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, amparándose en un programa del Ministerio para la adquisición de fincas.
Sin embargo, la actitud del Ministerio, al igual que sucedió en la reunión mantenida hace un mes con los responsables provinciales de Costas, ha sido negativa, ciñéndose exclusivamente a lo que prevé el convenio del proyecto entre el Gobierno y el Ayuntamiento: ejecutar las obras una vez que los terrenos estén disponibles.
La negativa de Medio Ambiente a participar económicamente en las expropiaciones obligará al Ayuntamiento a dejar en ‘stand by’ una parte de las mismas, y con ello, la imposibilidad de ampliar el paseo todo lo previsto, unos 1.800 metros hacia Levante y conectarlo con el Paseo de la Ribera. La zona que quedará en suspenso temporal es en la que se encuentra la gasolinera en funcionamiento, cuyo propietario reclama al Consistorio «unos 60 millones de euros».
