La respuesta parece sencilla, una facultad de Medicina tiene entre sus fines el de formar a los médicos del futuro y generar investigación en su campo. Sin embargo, en el último año, a las facultades de Medicina les han asignado una función completamente distinta, la de ser utilizadas con fines políticos, tanto para prometer nuevas facultades como para atacar a los gobiernos que no las tienen.
En España hace un año y medio teníamos 28 facultades de Medicina, una tasa de 0,62 facultades por millón de habitantes, muy por encima de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido y superior también a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que fija en 0,5 la tasa óptima para generar suficientes profesionales sin comprometer la calidad de la formación.
De estas facultades se licenciaban 4.707 estudiantes cada año, algo por encima de la tasa que la Unión Europea recomienda, que es de un estudiante por cada 10.000 habitantes. Estos datos indican que las facultades cumplían su función “generadora de recursos humanos” de sobra y aun así, hubo gobiernos autonómicos que decidieron que ante la “falta de médicos” tenían que abrir una nueva facultad. Y se desató la vorágine. España es el tercer país en número de facultativos respecto a la población de entre todos los países occidentales. Y aún siendo cierto que faltan ciertos tipos de especialistas en ciertas áreas geográficas, no existe una falta general de profesionales, sino un problema de distribución, por lo que resulta absurdo intentar resolver este problema simplemente aumentando el número de estudiantes que terminan la carrera.
Con el déficit como argumento, desde hace año y medio se han sucedido 17 propuestas de apertura de nuevas facultades -tres en Cataluña, cuatro en Madrid, la Rioja, Baleares, Valencia, León, Ciudad Real, Jaén, Huelva, Zaragoza, Murcia y Almería-. De las cuales cinco están ya en funcionamiento y una más lo hace incluso sin tener el plan de estudios homologado. Si estos embriones de facultad llegan a término, ampliaremos el número de facultades en un 60,71% y nos situaremos a la cabeza del mundo en facultades de medicina por millón de habitantes, más del doble de lo que recomienda la OMS. Hoy en día, estamos formando un 23% más de estudiantes de los recomendados por la UE.
Todas las organizaciones profesionales de ámbito estatal se han opuesto a este crecimiento descontrolado -¿canceroso?- de facultades, al entender que sólo puede llevar a una masificación de los servicios hospitalarios, a la disminución de la calidad de las prácticas y por supuesto a una merma en la excelencia profesional del futuro médico ¿Cuántos estudiantes pueden entrar en un parto?, no hay posibilidad de contratar profesorado cualificado para tantas facultades nuevas. De hecho muchas de las facultades ya existentes tienen severos déficits de profesores del área clínica. Por otra parte una facultad tarda seis años en educar a un médico que tardará otros tantos en especializarse, luego estas medidas no solucionan la problemática actual.
Ante un problema de distribución con múltiples causas, es necesario emprender acciones concretas para dar soluciones específicas. Esto pasa por incentivar las plazas menos demandadas, facilitar la movilidad de profesionales aunando las políticas de recursos humanos y retribución de los 17 Sistemas de Salud Autonómicos, fidelizar a los facultativos con mejoras de la carrera profesional y disminuir la fuga de cerebros. Hay que contar con que casi un cuarto de los licenciados españoles abandonan el país para ejercer en el extranjero. ¿Nos sale rentable formar miles de médicos con un coste superior a los 48.000 euros por licenciado para proveer al resto de Europa de mano de obra barata? Los ingleses han encontrado en esto la respuesta a su situación, les es mucho más económico contratar médicos españoles que formar a los propios.
A la vista de todo esto, podemos afirmar que, lamentablemente, abrir facultades de Medicina “está de moda”, dado que no obedece a una necesidad real ni está avalada por datos poblacionales y no soluciona los problemas que tenemos. Es una medida muy vistosa de cara al electorado, fácil de vender y que aparentemente otorga un “sello de calidad” a la localidad. Pero en la realidad es una iniciativa costosa, de difícil cumplimiento y con consecuencias negativas a largo plazo para todo el país.
