A comienzos del siglo XXI es indiscutible que el agua es un recurso estratégico esencial por su vinculación al desarrollo de las Sociedades humanas. En los países poco desarrollados determinará sus posibilidades de progreso y prosperidad; en los del llamado primer mundo, la tendencia al alza de la demanda hídrica exigirá una gestión muy eficiente del agua que, junto con la energía, más el Hombre, forman un trinomio indisociable.
Es imprescindible una visión holista de la problemática del agua, trascendiendo las fronteras político-administrativas entre países e incluso dentro de un mismo país, ya que actuaciones aparentemente aisladas pueden tener consecuencias sociales, medioambientales o económicas en otros territorios, ecosistemas y sociedades alejados. También es fundamental eliminar la politización de la gestión del agua y, sobre todo, es necesario un enfoque innovador que deje atrás planteamientos obsoletos, propios de otras épocas con diferentes objetivos y menor desarrollo de las técnicas.
En el caso de España, además, su pertenencia al ámbito europeo implica actuar con reglas válidas para todos los países miembros de la Unión Europea, de acuerdo a una legislación común: la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60) del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. La legislación española se ha convertido en una pesada maquinaria que no da fácil respuesta a los problemas hídricos de nuestra nación, por sus planteamientos erráticos excesivamente politizados, cuando el agua debería ser una cuestión de Estado: existe una gran lentitud al intentar adaptarse a la Directiva Europea para después ponerla en práctica. El resultado es un retraso inaceptable que tiene como consecuencia su ineficacia. En mi opinión, el Plan Hidrológico Nacional y los planes de cuenca deberían ser subsidiarios de un Plan Hídrico Ibérico, del que se derivarían los nacionales, manteniendo una visión unitaria de los ríos de la Península Ibérica y sus cuencas asociadas.
La gestión hídrica en España resulta, actualmente, retrógrada a todas luces, por la visión aislada de las posibilidades de actuación en cuanto a obtención del recurso, distribución, y satisfacción de demandas y consumos. Para cada caso, es preciso aplicar una gestión integral mediante las siguientes intervenciones: reducir las pérdidas que se producen en infraestructuras envejecidas, fomentar el consumo responsable, evitar las extracciones ilegales, mejorar la reutilización de aguas residuales, utilizar los acuíferos subálveos como reserva y perseverar en la desalación de agua de mar, que parece ser la solución más lógica y con más futuro.
El mal llamado desequilibrio hídrico peninsular ha llevado, en el siglo pasado, a algunas prácticas como los trasvases fluviales intercuencas que, lejos de lograr algún equilibrio, han generado un incremento exponencial de la demanda de agua por parte de la cuenca receptora, de catastróficas consecuencias para la cuenca donante.
Un ejemplo claro de un gran error es el trasvase Tajo-Segura, cuyo funcionamiento durante varias décadas permite constatar las consecuencias de confiar la obtención de recursos hídricos, únicamente, a la construcción de infraestructuras: el deterioro medioambiental y socioeconómico de la cuenca del Tajo es clamoroso.
En cuanto a la obligada recuperación de costes, el análisis de la rentabilidad económica real del trasvase no fue planteado antes de su proyecto y puesta en marcha, mientras que los análisis coste/beneficio realizados recientemente indican que no existe tal rentabilidad por mucho que se disfracen los componentes de las tarifas, ya que el precio del agua trasvasada no es real, al estar subvencionado. Tampoco hay que olvidar la enorme huella energética derivada del transporte e impulsión de ingentes volúmenes de agua a través de todo un sistema de canales y tuberías que, además, crea infranqueables barreras en el territorio. Por otro lado, las consecuencias medioambientales derivadas de la disminución del caudal del río son bien visibles, no solo en la cabecera, donde las aportaciones de agua son expoliadas por el trasvase, sino también en su tramo medio, en ciudades como, Aranjuez, Talavera de la Reina o Toledo.
La mera posibilidad de trasvasar agua se ha consolidado, de facto, como un derecho o una exigencia por parte de la cuenca receptora, a pesar de diversas sentencias del Tribunal Supremo en las que dictaminó que, en muchos casos, el agua trasvasada no era excedentaria. Los derechos de la cuenca donante, a día de hoy, no han sido reconocidos, si bien el canon de compensación por el trasvase reconoce en sí mismo la existencia de un perjuicio, independientemente de que no funciona ni es operativo. Con posterioridad a este trasvase, se intentó poner en práctica el del Ebro, hacia territorios del levante y sureste, desechándose la idea por fortuna, finalmente, por su improcedencia.
En mi último libro: El agua en España. Nuevos lagos sustentables, propongo la transformación de los Embalses de Entrepeñas y Buendía en lagos, mediante la estabilización de su lámina de agua, para devolver a las poblaciones ribereñas del Tajo las condiciones medioambientales generadas en su día por la existencia de ambos embalses: las falsas expectativas del llamado Mar de Castilla, del que hoy apenas queda la decepción y la ruina medial y humana de esta área. Es necesario un plan de desarrollo sustentable para dicho territorio que tiene el valor añadido de su cercanía a Madrid, menos de una hora por carretera. La creación de ciudades lacustres, con crecimiento por etapas, energéticamente eficientes y modelo de gestión hídrica, sería un gran éxito, aparte de ser exportable a otros lugares, incluso fuera de España.
Todo esto es posible si, de forma progresiva y paralela, el sureste español avanza en su autogestión hídrica, sin depender de las nubes ni de la insolidaria petición del agua a otras cuencas. Para ello dispone de la solución de la desalación de agua de mar, cuyas técnicas son cada vez más eficientes y con un precio progresivamente menor del agua así obtenida. Actualmente, se utiliza este sistema solo cuando no llega agua del trasvase, aduciéndose para justificarlo, el falso mayor coste del m3, si se compara con el precio del agua trasvasada, a pesar de que éste no es real, al ser un precio político subvencionado, totalmente injusto e inaceptable para la Sociedad española, que es quien sufraga tal desatino, sin saber su coste verdadero. Si lo conociéramos, no saldríamos de nuestro asombro.
Es imperativo mirar al futuro superando prejuicios y viejas estructuras que ya no dan respuesta a los nuevos problemas. Contamos además, con el desarrollo de nuevas técnicas que contribuyen a mejorar la eficiencia en la depuración y en la desalación de agua, en la que las empresas españolas son pioneras. Es preciso buscar innovadoras alternativas a la inercia que subyace en el empleo de muchos de los métodos de obtención de agua. Nos permitiría, además de la autogestión de los territorios, un equilibrio justo y verdadero entre ellos.
ANTONIO LAMELA, Prof. Dr. Arquitecto, Urbanista y planificador del territorio / Premio Rey Jaime I Dr. Honoris Causa UCJC / Académico RADE
