Ha vuelto a ocurrir. La educación superior vela armas para una nueva batalla contra su ministro a cuenta de una reforma en los títulos de grado, que pasarán de 240 a 180 créditos, es decir cuatro a tres cursos, excepto en los grados de profesiones reguladas que se mantendrán como ahora; y que se completarán con másteres de dos años. La nueva reforma prevista por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, puede ser acertada, en la medida en que acerca las titulaciones universitarias de nuestro país a lo que lleva mucho tiempo implantado en el entorno de la Unión Europea.
Se trata de un nuevo cambio en la estructura de los grados que nace para acercarnos más a Europa, para equiparar a nuestros estudiantes con los del continente. Y también es una reforma encaminada a conseguir que los estudiantes obtengan una formación más especializada. Desde este punto de vista no deja de ser una medida positiva, le duela a quien le duela y proteste quien proteste; sin embargo, hay que mirarla desde el otro lado. ¿Se puede estar dando un paso más hacia la elitización de la formación universitaria? Si se analizan los precios de los grados en comparación con los de los másteres, mucho más caros estos últimos, podría darse el caso. Si ya de por sí las familias lo tienen complicado para pagar los estudios de grado, si a éstos hay que sumarles dos años más a un precio por curso casi la mitad más alto, pues la idea de contar con un título universitario competente se aleja para las personas con menos recursos si la medida no viene acompañada de una fuerte compensación vía becas universitarias.
El ministro Wert, por su parte, está convencido de que esta medida supondrá un ahorro para las familias. Con este nuevo modelo, que podrá ser implantado de forma voluntaria por las universidades, la obtención del grado será más barata, evidentemente, al pasar de cuatro a tres cursos. Sin embargo, en un mercado profesional tan competitivo, el contar solamente con un título de grado reduce las posibilidades de éxito laboral, de ahí que muchos opten por hacer el ciclo completo de cinco años.
Del mismo modo, tampoco deja ver de qué manera se va a apoyar la incorporación de los estudiantes a este nuevo formato mediante becas y demás ayudas al estudio, que faciliten la incorporación de los alumnos con menos recursos a los estudios de especialización que suponen los másteres universitarios.
Detrás de esta nueva reforma está algo muy español, como es eso de dejar las cosas a medio hacer. La duda ahora es, si el objetivo de la implantación del Plan Bolonia era la convergencia con el resto de los países de la Unión, ¿por qué no se apostó de una vez por el 3+2? Es algo que no se entiende y que, de nuevo, resalta la condición de problema en que se ha convertido la educación en este país. La universidad española, y en este número de Nova Ciencia hablamos bastante, está todavía a la espera de grandes reformas que la hagan acercarse a los parámetros de las de nuestro entorno; debe reformarse, más todavía de lo que lo ha hecho, pero debe hacerlo con el consenso de todas las partes, porque es así la única manera en que las reformas perduren en el tiempo y consoliden el éxito que perseguían en el momento de su nacimiento. El 3+2 no es así. La Conferencia de Rectores ha pedido una moratoria en la aplicación del Decreto y que las universidades y comunidades autónomas no tramiten propuestas al amparo de esta disposición hasta septiembre de 2016.
