La formación política UPyD ha presentado una denuncia contra la empresa pública Almería Urban por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, cometidas en el proceso de licitación para la redacción del proyecto y ejecución del Mesón Gitano.
La portavoz de UPyD en Almería, Laura Rodríguez-Carretero, y el coordinador del consejo local de esta formación, José Luis Raya, han sido los encargados de presentar, este martes ante la Fiscalía, una denuncia contra la empresa pública Almería Urban.
A partir de la documentación presentada solicitan el inicio de una investigación en la que se recabe toda la documentación a la que UPyD no ha tenido acceso para que se investiguen unos hechos que, en su opinión, son constitutivos de delito. A esta hora, esta denuncia ya está registrada en la Audiencia Provincial de Almería.
Según consta en el texto de dicha denuncia se notifican a la Fiscalía varios incumplimientos de la legislación vigente en relación con el proceso de licitación para la redacción del proyecto y ejecución del Mesón Gitano.
Concretamente, la denuncia «la presentación de dos proyectos idénticos pero con distinta oferta económica lo que es una práctica contraria a la libre competencia y a la libre formación de precios en una oferta competitiva».
El mismo escrito presentado en la Fiscalía, UPyD pone de manifiesto que «el proyecto ganador fue sustancialmente modificado después de la adjudicación. A pesar de haber obtenido la máxima puntuación técnica, incluida la adecuación a la normativa, este proyecto ha tenido que ser modificado porque la comisión provincial de patrimonio, dependiente de la consejería de cultura de la Junta de Andalucía, determinó que no se adecuaba al Plan Especial».
A pesar de las declaraciones del concejal de Servicios, Manuel Guzmán, en las que califica las modificaciones realizadas como «estéticas», desde UPyD afirman que eliminar una planta, reforzar el muro de contención y arreglar el desnivel existente en la parcela frontal no son modificaciones estéticas, sino sustanciales. Por lo tanto estas modificaciones vulnerarían la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público por la cual es obligatorio repetir la licitación de un proyecto cuando se producen modificaciones sustanciales del mismo.
La denuncia incluye más de 10 puntos en los que la formación magenta ha detectado irregularidades posiblemente constitutivas de delito y que esperan sean tenidas en cuenta por la Fiscalía para que inicie las pertinentes investigaciones.
