En la sede de la Asociación de Amigos de la Alcazaba, uno de los colectivos que más pasión pone en la defensa del patrimonio histórico de Almería, han saltado todas las luces rojas después de que el Tribunal Supremo anulara la declaración de Bien de Interés Cultural de la Hacienda San Ignacio de Torrequemada de Gelves (Sevilla). Estamos en España, y el «vuelva usted mañana» de Larra no lo han cambiado ni los coches de alta gama y los smartphone con los que nos creemos vivir en una sociedad desarrollada. Resulta que la Ley establece un plazo de veinte meses, que no está nada mal (casi dos años) para tramitar un monumento como Bien de Interés Cultural. El caso de la Hacienda sevillana ha tardado 24 años en tramitarse. Y el Supremo ha dicho ¡basta!
Pero el problema no es que los papeles se perdieran en un cajón, en aquellos años de la máquina de escribir y trabajadores públicos sin formar por culpa de la ausencia de los excelentes planes de formación de los que presumimos hoy. El verdadero problema es que, según la Asociación Amigos de la Alcazaba, en Almería hay 18 monumentos que llevan la friolera de 26 años en la misma situación que la Hacienda San Ignacio de Torquemada de Sevilla.
Según el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, en Almería se encuentran hasta 18 monumentos (iglesias, yacimientos arqueológicos, inmuebles, entre ellos la Estación de Ferrocarril…) pendientes de resolver su expediente de incoación, «con una demora media que llega hasta los ¡¡¡26 años!!!», lamenta Amigos de la Alcazaba.
Esta asociación en defensa del patrimonio artístico y cultural quiere evitar lo ocurrido con la Hacienda San Ignacio de Torrequemada de Gelves (Sevilla), cuyo expediente de declaración de BIC tardó 24 años en resolverse, un plazo bastante superior a los 20 meses que marca la ley.
La hacienda, de origen musulmán y que formó parte del reparto de tierras tras la conquista cristiana, fue adquirida por la Compañía de Jesús en 1735 y después pasó a propietarios particulares. Su valor histórico es inmenso y por ello se inició el trámite de declaración de BIC en 1983, que debía reconocer estos valores y protegerlo legalmente. Pero la Junta de Andalucía “durmió” la resolución del expediente hasta 2007, es decir 24 años más tarde.
Los propietarios recurrieron esta situación en base a lo que la ley establece un plazo máximo de 20 meses y que exceder ese plazo suponía una indefinición jurídica de la situación de la propiedad, con perjuicios evidentes de sus legítimos derechos.
Así, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ha anulado la declaración de BIC del mencionado monumento.
