Concretamente, la sanción impuesta a Jorge Lirola se debe a las acusaciones de prevaricador que el profesor realizó contra el rector, así como por la difusión de las denuncias que presentó en la Fiscalía de Almería a raíz de la creación del tribunal.
En su escrito, la Universidad entiende que Jorge Lirola ha causado una «grave perturbación del servicio, de grave desconsideración con los superiores y de atentar gravemente contra la dignidad de los funcionarios o de la administración».
La sanción impuesta es de carácter «grave» y lleva aparejado que el «funcionario queda privado del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a su condición», por lo que Jorge Lirola tendrá que dejar de utilizar a partir del 1 de noviembre de 2011 cuantos bienes muebles e inmuebles -ubicados en la Universidad- viniera usando por su condición de profesor universitario durante ese tiempo.
Ante la sanción, que ya es una decisión firme, Jorge Lirola ha expresado que le parece «sangrante» que sea el propio Pedro Molina el que ha actuado como «juez y parte» en todo el proceso, precisamente por «darle difusión a mis denuncias contra sus actuaciones», aclara Lirola.
Y además, entiende que es una «represalia ante mis denuncias y un intento de acallar cualquir crítica que se le quiera hacer».
