La Junta de PDI ha salido en amparo de Jorge Lirola, después de que éste lo solicitara, para garantizar los derechos de este profesor. Tras su reunión extraordinaria, celebrada el 20 de septiembre, la representación del PDI ha solicitado «activar los protocolos de identificación» de lo que puede ser un caso de acoso laboral.
La junta de profesores, que no entra a valorar los hechos ocurridos, sí toma parte en lo que entiende como «preservar las máximas garantías para el trabajador» y se muestra contraria a que el rector participe en el proceso de instrucción del expediente y sanción, en la medida en que es parte interesada en este enfrentamiento.
Así, los profesoresn han solicitado la «paralización» del expediente sancionador impuesto a Jorge Lirola, que podría estar cuatro años apartado de la universidad, mientras no se tengan informes de expertos en derecho administrativo que ofrezcan un punto de vista «independiente».
Al mismo tiempo, la Junta de PDI ha considerado «desproporcionada» la sanción a Jorge Molina, y justifica su posición tras recordar que ante otros casos más graves ocurridos en la Universidad de Almería las sanciones fueron menos duras.
El rector continúa en la instrucción
El Consejo de Gobierno de la Universidad rechazó ayer la recusación que Jorge Lirola presentó contra Pedro Molina, para que no fuera el mismo rector juez y parte en el proceso. Esta decisión, según informó el propio Lirola, se tomó sin que el profesor pudiera exponer ante los miembros del consejo los motivos de su recusación.
Jorge Lirola denunció al rector por un posible caso de corrupción y prevaricación en la formación del jurado encargado de seleccionar a la persona que ocupará la cátedra de árabe en la Universidad de Almería. Esta denuncia, presentada ante la Fiscalía, también fue hecha pública por Jorge Lirola, lo que le ha valido un expediente disciplinario recogido en el artículo 41.W de los estatutos de la UAL.