En cuanto las resoluciones judiciales lo permitan, ambas administraciones se pondrán a trabajar en la demolición de uno de los edificios que más polémica ha generado en la costa almeriense, y que encuentra defensores y detractores a partes iguales entre los vecinos de Carboneras.
Se trata de la primera ocasión en la que el MARM se compromete de manera firme a demoler el hotel, explicaba la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
Según las informaciones que han trascendido de la reunión, el coste de la demolición correría a cargo del Ministerio, mientras que el desescombro y la reparación del paraje natural estaría pagado por la Junta de Andalucía.
De esta manera parece que se acerca un poco más el fin de este hotel, declarado «ilegal» hace tres años y que todavía se mantiene en pie por un litigio judicial que mantienen la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para demostrar que la licencia de obras emitida para la construcción del hotel se ajustaba a la normativa.